Un nuevo informe de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN) revela que la persecución contra los cristianos se ha agravado en más de la mitad de los países analizados. La violencia extremista, el autoritarismo y el nacionalismo religioso están provocando desplazamientos masivos y amenazando la supervivencia de comunidades históricas. Una crisis de Derechos Humanos cuyas consecuencias trascienden el ámbito religioso y afectan la estabilidad, la convivencia y las posibilidades de desarrollo de sociedades enteras.
Solomon Ako tiene 33 años y vive en el norte de Nigeria. Su vida cambió cuando militantes armados atacaron su aldea y lo secuestraron. Durante su cautiverio, los atacantes exigieron que los rehenes renunciaran a su fe cristiana y se convirtieran a otra religión. Ante su negativa, fueron brutalmente golpeados. “Nos azotaron con látigos. Nos encadenaron las piernas”, recuerda Solomon en uno de los testimonios recogidos por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN).
Su historia es una de las muchas que ilustran una realidad poco visible en la agenda internacional: millones de personas enfrentan violencia, discriminación y amenazas por sus creencias religiosas. El nuevo informe “¿Perseguidos y olvidados? 2024-2026”, elaborado por ACN, examina esta situación en 18 países donde las vulneraciones de la libertad religiosa que afectan a los cristianos resultan especialmente preocupantes.
Sus conclusiones revelan una tendencia alarmante: en 10 de los 18 países estudiados, equivalentes al 55%, la situación de los cristianos empeoró respecto del período anterior, comprendido entre 2022 y 2024. Ninguno de los países analizados registró una mejora general. La investigación, que abarca desde agosto de 2024 hasta junio de 2026, identifica un fenómeno complejo que combina extremismo violento, gobiernos autoritarios, nacionalismo religioso y conflictos territoriales.
Según las estimaciones presentadas por ACN, 413 millones de cristianos viven en países donde se producen graves vulneraciones de la libertad religiosa y alrededor de 220 millones están directamente expuestos a la persecución. Para Magdalena Lira, directora nacional de ACN Chile, detrás de estas cifras existen historias que rara vez llegan a conocimiento de la opinión pública. “Este informe confirma una realidad que no podemos seguir ignorando. Detrás de cada cifra hay personas concretas que son atacadas, secuestradas o forzadas a abandonar sus tierras solo por su fe. Como ACN queremos ser la voz de quienes no tienen voz, para que su sufrimiento no quede en el olvido”, señala.
Una persecución que no conoce fronteras
Aunque la persecución religiosa suele asociarse a episodios de violencia extrema, sus manifestaciones son diversas. En algunos países, los cristianos enfrentan ataques armados contra iglesias, aldeas y comunidades. En otros, las restricciones provienen del propio Estado, mediante leyes discriminatorias, vigilancia, detenciones o limitaciones a las actividades religiosas.
El informe de ACN identifica cuatro tendencias principales: el endurecimiento de los regímenes autoritarios, el crecimiento del nacionalismo religioso, la intensificación del extremismo islamista en determinadas regiones de África y la persistente inestabilidad de Medio Oriente.
A ellas se suma una consecuencia especialmente preocupante: el desplazamiento forzado de poblaciones que pierden sus hogares, sus medios de subsistencia y sus vínculos comunitarios.
África: cuando la violencia destruye comunidades
Nigeria representa uno de los escenarios más dramáticos de esta crisis. En distintas regiones del país, grupos extremistas y milicias armadas atacan comunidades, secuestran personas y obligan a miles de familias a abandonar sus tierras.
La violencia tiene causas complejas. A los factores religiosos se suman conflictos étnicos, disputas por recursos naturales, pobreza, criminalidad organizada y debilidad institucional. Sin embargo, en numerosas zonas las comunidades cristianas son objeto de ataques dirigidos específicamente contra ellas.
En junio de 2025, una masacre en Yelwata, en el estado de Benue, dejó 259 personas asesinadas. El padre Jonathan Ukuma, párroco de San José, sobrevivió refugiándose en el suelo de su residencia parroquial junto a varios niños mientras las balas impactaban en el edificio. Después del ataque, gran parte de la población huyó. La localidad, que anteriormente acogía a familias desplazadas por otros episodios de violencia, quedó prácticamente desierta.
A pesar del peligro, el sacerdote decidió permanecer. “Seguiré sirviendo a la gente de aquí para la gloria de Dios”, declaró tras la masacre. Su decisión refleja el papel que desempeñan numerosos sacerdotes y religiosas en comunidades donde la violencia ha destruido las estructuras habituales de apoyo.
La inseguridad también dificulta el funcionamiento de las instituciones. Según información recogida por ACN, al menos 212 sacerdotes católicos fueron secuestrados en Nigeria entre 2015 y 2025, mientras que en la diócesis de Minna más de 90 iglesias debieron cerrar debido a la violencia.
La situación se repite, con características propias, en Burkina Faso, Mali y Mozambique, donde la expansión de grupos extremistas ha contribuido al desplazamiento de comunidades enteras.
Asia: la persecución también puede ser legal
En varios países asiáticos, las restricciones legales y administrativas se han convertido en instrumentos de presión contra las minorías cristianas. Entre ellas, India constituye un caso especialmente significativo.
El crecimiento del nacionalismo religioso ha generado preocupación por el aumento de la hostilidad social y las restricciones que afectan a determinadas comunidades. El informe de ACN señala que 14 estados indios han introducido legislación anticonversión, aunque existen diferencias respecto de su vigencia y aplicación efectiva.
Estas normativas, presentadas habitualmente como mecanismos para impedir conversiones forzadas, pueden utilizarse para restringir la libertad de las personas que deciden cambiar de religión o desarrollar actividades vinculadas a sus creencias.
Durante 2025 se registraron más de 700 incidentes de violencia anticristiana en India, según los antecedentes citados por ACN.
En otros países, los gobiernos autoritarios recurren a sistemas de vigilancia, controles administrativos y detenciones para limitar la autonomía de las organizaciones religiosas. La cuestión trasciende la libertad de culto. Cuando el Estado determina qué creencias pueden expresarse públicamente o restringe la organización de comunidades religiosas, también se debilitan espacios esenciales de la sociedad civil.
Medio Oriente: comunidades milenarias en riesgo
En esa región la persecución y la inestabilidad amenazan la continuidad de comunidades cristianas presentes desde los primeros siglos del cristianismo.
En Siria, las consecuencias de años de guerra han dejado profundas heridas. La destrucción de viviendas, el deterioro de los servicios básicos y la falta de oportunidades laborales dificultan la reconstrucción de la vida cotidiana.
En el Líbano, la crisis económica y la inseguridad han impulsado a numerosas familias a considerar la emigración.
En Tierra Santa, los conflictos y las restricciones a la movilidad han agravado las dificultades económicas de comunidades cristianas que representan una proporción minoritaria de la población.
El riesgo no consiste únicamente en una disminución demográfica. También habría un costo social. Durante generaciones, escuelas, hospitales y organizaciones cristianas han prestado servicios a personas de distintas religiones. Su debilitamiento afecta al conjunto de la sociedad. La permanencia de estas comunidades contribuye, además, a preservar la diversidad religiosa y cultural en territorios marcados por profundas tensiones.
Libertad religiosa y estabilidad institucional
¿Por qué debería preocupar esta realidad a quienes no comparten las creencias de las víctimas? Porque la libertad religiosa constituye un derecho humano fundamental y un componente esencial de las sociedades democráticas. No protege únicamente la posibilidad de practicar una religión. También comprende la libertad de conciencia, el derecho a cambiar de creencias y la decisión de no profesar ninguna. Cuando una persona es discriminada por su fe, se vulnera un principio básico: la igualdad en dignidad y derechos.
La persecución religiosa también puede revelar problemas institucionales más profundos. Allí donde se restringe la libertad de conciencia, frecuentemente se encuentran amenazadas otras libertades, como la de expresión, asociación y participación ciudadana. Por eso, el respeto de las minorías religiosas constituye un indicador relevante de la calidad institucional y de la convivencia social.
El Papa León XIV ha destacado este principio, describiendo la libertad religiosa como “una piedra angular de cualquier sociedad justa” y una “condición fundamental” para la reconciliación y la paz.
Permanecer donde otros se ven obligados a partir
Frente a esta realidad, el trabajo de Ayuda a la Iglesia que Sufre no se limita a documentar las vulneraciones de derechos humanos. La fundación pontificia desarrolla proyectos para acompañar a comunidades cristianas que sufren persecución, discriminación, guerra o pobreza.
Estas iniciativas buscan responder a necesidades inmediatas, pero también crear condiciones para que las comunidades puedan permanecer en sus lugares de origen. Porque cuando una familia abandona definitivamente su tierra, no solo pierde su vivienda. También se debilitan los vínculos sociales, las tradiciones y las instituciones que han sostenido a generaciones.
Una realidad que no puede permanecer invisible
El informe “¿Perseguidos y olvidados? 2024-2026” plantea una interrogante que trasciende las diferencias religiosas: ¿qué ocurre con una sociedad cuando una parte de sus habitantes no puede vivir libremente conforme a sus convicciones?
La persecución religiosa erosiona la convivencia, debilita las instituciones y profundiza las divisiones sociales. Sus consecuencias pueden prolongarse durante generaciones. El desafío, por tanto, no corresponde exclusivamente a las organizaciones religiosas. También interpela a los gobiernos, los organismos internacionales, la sociedad civil y a quienes tienen capacidad de contribuir al desarrollo de comunidades más justas e inclusivas.
La historia de Solomon Ako, el joven nigeriano secuestrado por negarse a abandonar su fe, es una de millones. También lo es la del padre Jonathan Ukuma, que decidió permanecer en Yelwata cuando gran parte de su comunidad había muerto o huido.
Defender la libertad religiosa no significa privilegiar una creencia sobre otra. Significa reconocer que ninguna persona debería ser perseguida, discriminada o expulsada de su hogar por aquello en lo que cree.
