Palabras del excanciller de Chile don Jaime del Valle.

El 2 de mayo de 1977, los representantes de Chile y Argentina estaban en conocimiento del fallo dictado por su Majestad Británica, sobre la controversia judicial que le había sido sometida por ambos países en el año 1967, a raíz de una solicitud inicial efectuada por Chile, basada en el Tratado General de Arbitraje de 1902 y que se refería en las líneas importantes a la Tesis sostenida por nuestra Nación, relativa al Canal de Beagle y su curso Natural hacia el Oriente, decidiendo entre otras materias la soberanía de Chile sobre las Islas Picton, Nueva y Lennox.

La sentencia arbitral en sus decisiones más trascendentales favorecía en forma clara a nuestro país. La noticia circuló en Chile con una velocidad increíble. El resultado podía reducirse a una palabra: “triunfamos”, y el entusiasmo general fue inmenso.

Nuestro Gobierno administró la información y la buena noticia con inmensa prudencia. Asumió el triunfo de Chile y de su causa, tan magistralmente defendida, con la expectante esperanza de que el Gobierno argentino haría igual cosa.

A partir del mes mencionado precedentemente el Gobierno de Argentina invitó al de Chile al inicio de conversaciones destinadas a obtener una delimitación de las zonas marítimas australes.

El Gobierno de Chile aceptó la proposición de su vecino aclarando, desde el inicio, que toda delimitación debería comenzar sobre la base del reconocimiento íntegro del Laudo Arbitral dictado por la Corona Británica.

Las idas y venidas de representantes de ambas Naciones fueron incansables; las conversaciones, sin embargo, no llegaron a resultados exitosos, fundamentalmente por una razón y es que Argentina quería, a través de negociaciones, obtener ventajas que la sentencia arbitral no le concedía.

El interés trasandino por las islas, todas o algunas, y otras concesiones territoriales, estaban en la mente de la Nación hermana en forma permanente y, por ello, las reuniones del Presidente Pinochet y el general Videla no avanzaban mayormente. Los encuentros de ambos Mandatarios en Mendoza, el 19 de enero de 1978, y en Puerto Montt, el 20 de febrero del mismo año, son demasiado ilustrativos; ellos dieron un principio de esperanza que, lamentablemente, luego se fue desmoronando.

Aquí es conveniente resaltar algo inusual, que demostraba en forma clara cuáles eran los propósitos de nuestros vecinos.

El 25 de enero de 1978, esto es, pocos días después de la reunión de Presidentes en Mendoza, el Gobierno argentino efectuaba una declaración inesperada: el Laudo Arbitral del Reino Británico en “Insanablemente Nulo”.

La Cancillería y sus asesores quedaron perplejos ante dicha declaración y resolución tan insólita.

Era, en pocas palabras, echar por tierra, sin mayores razones, una realidad objetiva absoluta.

A partir de esa época, los hechos se fueron complicando en frecuencia e intensidad. El Gobierno de Chile rechazó la declaración de nulidad de Argentina y manifestó su disposición para solucionar, en la medida que fuera posible, mediante acuerdos directos, todo lo que tuviera relación con las delimitaciones marítimas. Paralelamente a lo anterior invitó, a su vez, a Argentina a recurrir a la Corte Internacional de Justicia en aplicación del Tratado sobre Solución Judicial de Controversias de 1972.

Por esos días comenzaron, por ambas Naciones, algunos despliegues militares, cierres de fronteras, concentración de tropas, el envío de buques de combate a la Zona Austral; se vivía un ambiente de pre-guerra.

El Gobierno del Presidente Pinochet no se contentaba solamente con medidas diplomáticas directas o preparativos militares, sino que también daba a conocer a diversos Gobiernos la inquietud que teníamos y la grave injusticia que significaba en los hechos el desconocimiento de Argentina del Fallo Arbitral.

Su Santidad Juan Pablo II estaba ampliamente en conocimiento de todos estos hechos y el 22 de diciembre de 1978 manifestó el deseo de enviar a Buenos Aires y Santiago a un representante especial para obtener informaciones más directas y concretas sobre las posiciones de los países australes y contribuir a un arreglo pacífico de la controversia.

Ya anteriormente el Papa había dirigido a los Presidentes de ambas Naciones un mensaje en que expresaba su preocupación y la pronta necesidad de encontrar los procedimientos para preservar la paz. La iniciativa Papal fue aceptada por los Gobiernos de Chile y Argentina.

El Papa Juan Pablo II insistió en su tentativa de buscar la Paz, para lo cual envió al Cardenal Antonio Samoré para que interviniera ante los Gobiernos respectivos en Buenos Aires y Santiago. Ambos, por supuesto, no podían menos que aceptar la venida del Ilustre Cardenal, quien poseía una vasta experiencia diplomática, habiéndose desempeñado como Nuncio Apostólico en Colombia y como organizador de la Primera Conferencia Episcopal Latinoamericana de 1955.

En el momento de su viaje se desempeñaba como encargado de la notable “Biblioteca y Archivo del Vaticano”.

El 25 de diciembre arribaba a Buenos Aires el Cardenal Samoré, para iniciar nerviosas y agitadas entrevistas y reuniones para acercar las posiciones de ambos Países y producir un acuerdo formal de aceptación de Su Santidad Juan Pablo II, como Mediador en la controversia.

Inmediatamente después de su llegada, el Cardenal, como ya se relataba anteriormente, inició sus gestiones y sus viajes; e imponiendo su personalidad y sagacidad extraordinaria, condujo, a ambos Gobiernos, a firmar, en el Palacio de Taranco de Montevideo, dos Actas por los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Hernán Cubillos, y Argentina, Carlos Washington Pastor, las que refrendó el Cardenal Samoré.

Las referidas Actas contenían la petición expresa de los respectivos Gobiernos para que el Santo Padre mediara en el conflicto de la Zona Austral y, a su vez, el compromiso de no recurrir a la fuerza en sus relaciones recíprocas, sin perjuicio de volver progresivamente a la situación militar de comienzos de 1977, absteniéndose de recurrir a medidas que rompieran la paz entre ambas naciones.

Los Acuerdos de Taranco abrían una ventana que arrojaba una clara luz que alejaba un conflicto inminente y señalaba una senda difícil, pero que se encaminaba a una solución definitiva.

A comienzos de la Mediación, los Gobiernos de Chile y Argentina tuvieron que adoptar las decisiones adecuadas para que sus representantes estuvieran en condiciones de defender las correspondientes posiciones frente al Mediador y sus Asesores.

El Presidente de la República de Chile, quien ya había actuado en forma muy activa y directa en todos los acontecimientos, conversaciones, acuerdos y discusiones, en el período anterior a la Mediación, resolvió la constitución de una oficina o grupo de trabajo, el cual funcionaría principalmente en Roma, pero también tendría su sede en Santiago.

Como ya se podía suponer, Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, designó al Cardenal Antonio Samoré como su Representante Especial en la Mediación, quien actuó, a su vez, asesorado por Monseñor Faustino Sainz y por Monseñor Gabriel Montalvo. Los mencionados Monseñores tuvieron un papel realmente importante, pues eran las personas señaladas para dar curso a la Mediación en todas las situaciones e instancias que podían presentarse, reservando para el Secretario de Estado las decisiones y demás actuaciones que tuvieran especial relevancia. Esta es una oportunidad más para resaltar la actuación, criterio y talento particular de Monseñor Faustino Sainz, quien en todo momento tuvo actuaciones que provocaron la admiración y gratitud de las Delegaciones participantes, y en especial, de la chilena.

En febrero de 1983 falleció en Roma el Cardenal Antonio Samoré, desapareciendo así un luchador infatigable por lograr un acuerdo entre Chile y Argentina, cuya actuación ha de ser recordada muy especialmente como fundamental en la crisis vivida en 1978, que pudo conducir a una guerra entre las dos Repúblicas hermanas y que fue evitada, precisamente, por la Mediación. Su Santidad reemplazó al recordado Cardenal Samoré por el Secretario de Estado Agostino Casaroli, quien actuó hasta el término de la Mediación.

Debo detenerme aquí por un breve tiempo, para referirme a esta Oficina de Mediación que ya he mencionado y que tenía sedes simultáneamente en Roma y Santiago y cuyos miembros se dividían en sus labores; algunos trabajando en el Vaticano, o en Santiago, y finalmente, otros viajando permanentemente, según lo exigieran las necesidades de la Mediación, entre una capital y otra.

La Oficina de la Mediación estuvo presidida por el distinguido coronel de Ejército Ernesto Videla, exsubsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, e integrada, principalmente, por un grupo interdisciplinario de Juristas, Diplomáticos, Cartógrafos y funcionarios administrativos del más alto nivel. Es conveniente y justo dedicar algunas líneas a este notable miembro de nuestro Ejército, General Ernesto Videla Cifuentes.

Algunos años antes del inicio de la Mediación, había organizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores la Dirección de Planificación, de la cual fue su Director, por intermedio de la cual dicha Secretaría de Estado encauzó parte importante de la acción diplomática necesaria para hacer frente a la delicada situación a que se vio sometido el país, con motivo del desconocimiento del Laudo Arbitral del Beagle. Tiempo después fue designado como Jefe de la Oficina de la Mediación, en la cual le correspondió una acción y labro sobresaliente. En mi actuación como Secretario de Estado en la Cartera de Relaciones pude apreciar en forma directa sus especiales dotes de dirección y coordinación y su amplísimo conocimiento del complicado tema que estaba en estudio y desarrollo. Más adelante se le entregarían otras responsabilidades vinculadas a la ejecución del Tratado de Paz y Amistad. Para la selección de los miembros de la Comisión, no hubo consideraciones de orden político, ideológico o de credo, y sólo se tuvo presente su alto nivel profesional, su idoneidad personal y su acendrado patriotismo.

Es conveniente conocer algunos aspectos que la ciudadanía ignora. Todas las personas mencionadas actuaron, en lo que respecta a su labor en la Mediación, ad-honoren. Los Juristas extraños a la Cancillería no percibieron remuneración alguna, pese a los incontables días que trabajaron en la Mediación, con una dedicación absorbente, por espacio casi de seis años. Quienes, por su parte, eran funcionarios públicos recibieron estrictamente su sueldo habitual, sin compensaciones de ninguna especie.

Este grupo interdisciplinario y pluralista elegido sin discriminación de ninguna naturaleza, trabajó en forma armónica y eficiente, con un sentido de responsabilidad y cumplimiento del deber, que habría de llamar la atención incluso entre las Autoridades Vaticanas que tomaron parte en la Mediación. Fue en el mes de mayo de 1979, cuando se inició formalmente la Mediación de Su Santidad Juan Pablo II. A partir de esa fecha, las partes expusieron al Cardenal Samoré y a los Monseñores Asesores, todos los antecedentes que respaldaban sus respectivas posiciones. El Mediador, por su parte, buscó las más adecuadas formas que procurarían el acercamiento de las partes.

Esta primera etapa de la Mediación finalizó el 12 de diciembre de 1980, cuando Su Santidad, Juan Pablo II, hizo entrega a los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Argentina, de un documento titulado “Propuesta del Mediador, Sugerencias y Consejos”. Con sabia prudencia, el Sumo Pontífice solicitó reserva respecto del contenido de su Propuesta, la que calificó como “Justa, Equitativa y Honrosa para ambos Pueblos”.

En el mes de enero de 1981, la Santa Sede anunció que el Gobierno de Chile había aceptado la Propuesta del Mediador. La República Argentina, entre tanto, guardó silencio.

El 13 de mayo siguiente, ocurrió el lamentable atentado contra la vida de Juan Pablo II, noticia que causó la más profunda consternación en el pueblo de Chile. El Presidente de la República hizo llegar a su Santidad sus sinceros votos para su recuperación y el filial y afectuoso testimonio de gratitud y admiración.

Las tareas de negociación con los dos grupos de trabajo arribaron entretanto a algunos principios de entendimiento sobre materias específicas de la discusión. Pareciera que la Divina Providencia, que nos había salvado en momentos difíciles, quería, sin embargo, ponernos todavía a prueba con los hechos relatados, a los cuales se agregó otro: el fallecimiento del Cardenal Antonio Samoré, a cuya notable tarea hice alusión anteriormente.

El Secretario de Estado Agostino Casaroli, quien como ya se expresara continuó a cargo de la Mediación, logró significativos avances en las negociaciones, hasta tal punto que en los primeros días del año 1984, la Santa Sede hizo publicar una declaración en la que señalaba que habiéndose producido importantes aproximaciones, su Santidad estimaba conveniente que se activara la fase conclusiva de los trabajos, hasta llegar a la elaboración de un Tratado final, aceptable para las partes.

El 23 del mes de enero de 1984 los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Argentina suscribieron, en la ciudad del Vaticano, una simbólica Declaración de Paz y Amistad.

Es justo y conveniente consignar en esta oportunidad, la importante labor que en los finales de la mediación cumplió el Canciller argentino don Cante Caputo, designado con ocasión del advenimiento del nuevo Gobierno elegido por el pueblo argentino, encabezado por el Presidente Alfonsín. En las diferentes ocasiones en que nos entrevistamos personalmente ambos Ministros de los países hermanos, llegamos siempre a muy buenos acuerdos, lo que creó una progresiva y profunda amistad.

Dentro del marco a que se ha hecho referencia, la Mediación entró en las etapas finales de sus trabajos y se realizó una intensa labor, pues, como suele pasar, el cierre final de muchas negociaciones trae dificultades impensadas.

El resultado de todos estos acontecimientos fue dado a conocer el 18 de octubre de 1984, cuando el Cardenal Secretario de Estado, entregó a los Jefes de las Delegaciones de Chile y Argentina un documento que contenía el Acuerdo para la solución del Diferendo Austral en una reunión realizada en la Casina de Pío IV, lugar que había servido de sede para la mayor parte de las reuniones de la Mediación.

El 25 de noviembre ambos Gobiernos comunicaron a la Santa Sede que habían aceptado los términos del Acuerdo y que habían instruido a los respectivos Ministros de Relaciones Exteriores para que se procediera a la firma del Tratado.

El 29 de noviembre de 1984, los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Argentina firmaron, en presencia del Secretario de Estado Cardenal Agostino Casaroli, de los más altos representantes de la Curia Romana y de la Jerarquía de la Iglesia chilena, de numerosos Embajadores y altos funcionarios Diplomáticos, en la “Sala Regia”, próxima a la famosa Capilla Sixtina del Palacio Vaticano, el Laborioso Tratado de Paz y Amistad entre las Repúblicas de Chile y Argentina.

Después de la firma del Tratado en Roma, correspondía la aprobación del mismo por los respectivos Poderes Legislativos.  En Chile no hubo mayores problemas, pero en Argentina los márgenes de aceptación en el Senado fueron estrechísimos.

Con posterioridad, los Mandatarios de ambas Naciones ratificaron el Tratado, pero era necesario el canje de ratificaciones, previsto para celebrarse en Roma el día 2 de mayo.

La ceremonia de canje estuvo presidida por Su Santidad Juan Pablo II y se llevó a cabo en la fecha señalada.

Es oportuno referir aquí que la Mediación Papal, procedimiento original y de resultados indiscutiblemente positivos, constituyó un modo de solución pacífica admirable, que habría de recogerlo más tarde el propio Tratado de Paz y Amistad en sus artículos cuarto y siguientes, cuando establece que si las negociaciones directas realizadas de buena fe y con espíritu de cooperación no alcanzaren un resultado satisfactorio, se podrá invitar a la otra parte a un medio de arreglo pacífico elegido de común acuerdo. No otra cosa lo constituye una Mediación, ya sea del Sumo Pontífice o de otra persona natural o jurídica de confianza insospechada.

Deberé terminar estas palabras haciendo algunas muy breves referencias indispensables al significado mismo del Tratado, cuya firma recordamos en esta oportunidad.

El Tratado de Paz y Amistad tantas veces referido tiene una característica fundamental. Si bien el fondo de la polémica era un problema de límites, y el Tratado soluciona dicho diferendo, sería mezquino decir que el Tratado de 1984 fue un Tratado de Límites, pues sobrepasa esa denominación con creces. En efecto, la parte del documento que se refiere a las soluciones limítrofes está contenida en los ocho artículos restantes al fortalecimiento de la paz y la amistad. A su vez, en su anexo uno, tanto el Capítulo primero, dedicado al Procedimiento de Conciliación, como el Capítulo segundo, dedicado al Procedimiento Arbitral, con un total, sumados ambos, de cuarenta y un artículos, están también dedicados precisamente al fortalecimiento de la paz y la amistad.

Como se ha dicho, el Tratado de Paz y Amistad, si bien logró la superación de un conflicto, no es un Tratado para el pasado, al que habrá de recurrirse en futuras emergencias, cuando existan dudas de hecho, sino que se trata de un acuerdo vivo entre dos Naciones, con vigencia activa permanente que trae la paz y provoca y consolida la verdadera amistad que existe entre dos Naciones, con una inmensa frontera común y que exhibe ante los pueblos del mundo el notable ejemplo que en medio de naturales divergencias jamás han sostenido una guerra.

Chile agradeció reiteradamente a Su Santidad, cuando nos visitara en 1987, su generosa y brillante labor que permitirá la eterna paz entre Chile y Argentina. Quisiéramos reiterar en esta oportunidad esa gratitud hacia el Santo Padre que Chile jamás podrá olvidar.