Iglesia y educación

Detalles: Mons. Héctor Vargas

Aporte preliminar a la reflexión y diálogo sobre la Reforma Educacional

El concepto de Educación

Por estos días nos encontramos en medio de un gran debate como sociedad chilena en torno a la educación. Ello está motivado por los anuncios que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, hizo al respecto durante su campaña electoral. Para poder comprender mejor la posición de la Iglesia ante los temas en debate, y su manera de abordarlos, se requiere conocer lo que ella, en su Magisterio Universal, entiende por educación. Es decir, como un proceso de formación integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura. Y esta, entendida como rico patrimonio a asimilar, pero también como un elemento vital y dinámico del cual forma parte. Ello exige confrontar e insertar valores perennes en el contexto actual. De este modo, la cultura se hace educativa. Una educación que no cumpla esta función, limitándose a elaboraciones prefabricadas, se convertirá en un obstáculo para el desarrollo de la personalidad de los alumnos.

Es decisivo que todo miembro de la comunidad educativa tenga presente tal visión de la realidad, visión que se funda, de hecho, en una escala de valores en la que se cree y que confiere a maestros y adultos autoridad para educar. No se puede olvidar que se enseña para educar, o sea, para formar al ser humano desde dentro, para liberarlo de los condicionamientos que pudieran impedirle vivir plenamente como hombre y mujer. Ningún maestro educa sin saber para qué educa, y que a su vez, siempre existe un proyecto de hombre encerrado en todo proyecto educativo, y que ese proyecto vale o no según construya o destruya al educando. Ese es el valor educativo (CELAM: Documento de Santo Domingo, 265). La educación, entonces, se transforma en una actividad humana del orden de la cultura, cuya finalidad esencialmente humanizadora se hará realidad en la medida en que más se abra a la trascendencia, es decir, a la Verdad y al sumo Bien (CELAM, Documento de Puebla, 1024).

El carácter y aporte específico de la educación católica

Cuando hablamos de una educación cristiana, hablamos de que el maestro y la maestra educan hacia un proyecto de persona en quien viva Jesucristo. Se da de este modo una compenetración entre los dos aspectos. Lo cual significa que no se concibe que se pueda anunciar el Evangelio sin que este ilumine, infunda aliento y esperanza e inspire soluciones adecuadas a los problemas de la existencia del hombre; ni tampoco que pueda pensarse en una verdadera promoción del hombre sin abrirlo a Dios y anunciarle a Jesucristo (J. Pablo II, Iuvenum Patris, 10).

De este modo un Proyecto Educativo es católico, porque los principios evangélicos se convierten para ella en normas educativas, motivaciones interiores y al mismo tiempo en metas finales. Jesucristo, pues, eleva y ennoblece a la persona humana, da valor a su existencia y constituye el perfecto ejemplo de vida y la mejor noticia propuesta por los centros de formación católica a los jóvenes. Se trata de que los jóvenes mediante la pedagogía del Evangelio sean introducidos en un proceso de desarrollo de actitudes relacionadas con la solidaridad, la justicia y la paz, mediante experiencias significativas de compromiso social, que les permitan ir asumiendo el desafío de ser constructores de la civilización del amor.

La problemática del contexto educativo latinoamericano

América Latina y por tanto también Chile viven una particular y delicada emergencia educativa. En efecto, las nuevas reformas educacionales de nuestro continente, impulsadas justamente para adaptarse a las nuevas exigencias que se van creando con el cambio global, aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades, denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación en función de la producción, la competitividad y el mercado. (CELAM, Documento de Aparecida, 328). Así tienden a caracterizar las conclusiones de pragmatismo, y la búsqueda más bien de resultados de tipo cuantitativo e inmediatista.

Creemos que los problemas educacionales obedecen a situaciones mucho más profundas y que es imperioso discernir y ayudar a descubrir. Por ello, la sola respuesta a temas que pensamos pueden resolverse con cierta agilidad y acuerdos políticos, financieros y legislativos, no logrará satisfacer los grandes anhelos existenciales de nuestra juventud, a sus necesidades de desarrollo afectivo, intelectual, ético, social y espiritual, que es el núcleo de una auténtica educación de calidad; es más, podría incluso implicar nuevas frustraciones.

Por ello es necesario poner de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura, precisamente con el fin de activar el dinamismo espiritual del sujeto y ayudarle a alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona a la psicológica. Pero no se da libertad ética sino en la confrontación con los valores absolutos de los cuales depende el sentido y el valor de la vida del hombre. Se dice esto, porque, aun en el ámbito de la educación, se manifiesta la tendencia a asumir la actualidad como parámetro de los valores, corriendo así el peligro de responder a aspiraciones transitorias y superficiales y perder de vista las exigencias más profundas del mundo contemporáneo (Documento de Aparecida, 330), como son formar personalidades fuertes y responsables, capaces de hacer opciones libres y justas. Características a través de las cuales los jóvenes se capacitan para abrirse progresivamente a la realidad y formarse una determinada concepción de la vida. Así configurada, la educación supone no solamente una elección de valores culturales, sino también una elección de valores de vida que deben estar presentes de manera operante (Congregación para la Educación Católica, La Escuela Católica, 30).

A su vez, nos preocupa seriamente que cada vez más escasamente se afirme la primacía de los padres a educar a sus hijos y que la familia es la primera educadora por derecho propio, y su prácticamente nula participación en la presente Reforma. En definitiva, gradualmente pareciera que se va silenciando el rol de la familia como primer referente de la vida en sociedad. Por el hecho de haberles dado la vida, los padres asumieron la responsabilidad de ofrecer a sus hijos condiciones favorables para su crecimiento y la grave obligación de educarlos. La sociedad ha de reconocerlos como los primeros y principales educadores. El deber de la educación familiar, como primera escuela de virtudes sociales, es de tanta trascendencia que, cuando falta, difícilmente puede suplirse (Documento de Aparecida, 339).

“Es necesario que los padres, a quienes corresponde el primer deber y derecho inalienable de educar a los hijos, gocen de verdadera libertad en la elección de la escuela. El poder público, a quien corresponde proteger y defender las libertades civiles, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar que las ayudas públicas se distribuyan de tal manera que los padres puedan elegir, según su propia conciencia y con verdadera libertad, las escuelas para sus hijos. Por consiguiente el mismo Estado (...) debe promover, en general, toda obra de las escuelas, teniendo en cuenta el principio de la función subsidiaria y excluyendo, por ello, cualquier monopolio escolar, el cual es contrario a los derechos naturales de la persona humana, al progreso y divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades” (Concilio VAT II, Gravissimum Educationis, 21)

Algunos aportes para la reflexión y el diálogo

En las esferas oficiales, en el mundo político y en la sociedad en general, se ha afirmado reiteradamente que se desea en el país la permanencia de la provisión mixta en educación, debido a los innumerables beneficios e innegables aportes a la sociedad chilena y su historia. Ello implica disponer de un amplio espacio para construir sus proyectos educativos, para llevarlos a cabo de acuerdo a la filosofía y estilo educacional de cada plantel, y para gestionarlos desde una sana autonomía curricular, pedagógica y económica. De esta forma se puede responder a la variedad de colectivos sociales de un país diverso y plural como el nuestro, y como expresión genuina de un auténtico sistema democrático.

De lo anterior se deduce la necesidad de los procesos de admisión, que tienen como objetivo fundamental informar a los padres convenientemente acerca de las características del Proyecto Educativo según el cual van a ser educados sus hijos, y al que ellos, en caso de compartirlo, no solo deben adherir, sino comprometerse activamente en su realización. Lo anterior no dice relación ni justifica sistemas de selección por razones económicas, de rendimiento o de situación familiar que pueden resultar discriminatorios y contrarios al modo cristiano de educar.

Esta sana y necesaria autonomía, implica al mismo tiempo, el pleno respeto por las necesarias regulaciones de un Estado responsable, que aseguren una educación de calidad para todos, el logro de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos del marco curricular, la promoción de los valores que colaboran a la construcción de una identidad y cultura nacional, la entrega de los subsidios necesarios en los colegios subvencionados, y la correcta gestión de los mismos.

Pero se trata de evitar en el futuro que el Estado, mediante nuevas exigencias y condiciones para otorgar la subvención, —y ya no como derecho de los padres y servicio a la libertad de elegir de las familias— pueda ir unificando el sistema educacional chileno, haciendo que los distintos ámbitos de las escuelas subvencionadas tanto municipales y, particulares, al margen de su Proyecto Educativo, realidad geográfica, situación de sus destinatarios, urgencias y desafíos propios, se vean obligadas a funcionar de manera similar, en lo curricular, disciplinario, ambiental, organizativo y financiero. La sola posibilidad de acercarnos a un modelo de gestión escolar único, impuesto por el Estado a todo el sistema subvencionado, donde acuden mayoritariamente los pobres y la clase media, constituiría un grave atentado a la libertad de enseñanza.

Por otra parte, la iniciativa de instalar en el sistema educacional la figura del financiamiento compartido colaboró en modo significativo a mejorar la educación, las prácticas pedagógicas, las innovaciones curriculares, los ambientes, los medios, la infraestructura, los salarios y el perfeccionamiento en muchos establecimientos. Si por abusos de sostenedores, o impensadas consecuencias segregadoras, existen razones objetivas de fondo para eliminarlo, y el Estado vía subvención haría llegar el equivalente al aporte de los padres, es imprescindible que se respete la finalidad por la que las familias lo ofrecen hoy, es decir, que los colegios tengan mayores recursos para implementar con toda libertad las características de su propio Proyecto Educativo, y en lo que según su filosofía educativa se entiende por calidad.

En este sentido llama la atención que los acentos estén fundamentalmente puestos en el ámbito económico y de la dependencia de los establecimientos, lo cual es sin duda necesario, pero en ningún caso asegura calidad, porque apunta más bien hacia una educación centrada en lo cuantitativo.

Para las grandes transformaciones que se desean, se requieren propuestas más expresas en favor de quienes son claves a la hora de educar, los profesores. Sin embargo, no hay mayor mención sobre el Estatuto Docente, que hoy día requiere de una urgente evaluación. Asimismo constatamos la ausencia de propuestas respecto de un tema muy sentido por el sector, como es la Carrera Docente. Tampoco se perciben anuncios concretos sobre otra gran y urgente necesidad, como es la Formación Inicial de los Profesores. Si una reforma no involucra la docencia y no ingresa en la sala de clases, tendrá dificultades para alcanzar sus objetivos. Por eso, se echan de menos también propuestas para contar con una urgente educación municipal creciente en calidad.

La eliminación del lucro entendido como negocio y usura con fondos públicos, y en desmedro de una educación de calidad y trato laboral indigno de sus trabajadores, no solo es necesaria, sino un imperativo moral. Al mismo tiempo observamos la realidad del enorme trabajo y sacrificios de los particulares que a diario con su gestión sirven en la educación subvencionada, que arriesgando su patrimonio deben endeudarse con el sistema crediticio e hipotecar sus bienes, a fin de financiar de su propio haber los terrenos, construcciones, mobiliario, laboratorios, talleres, etc. Confiamos que se establecerán las medidas adecuadas para conciliar ambas situaciones.

Si lo que se busca son cambios profundos, como se ha dicho, lamentamos que antes de cualquier medida apresurada por distintas presiones no exentas de miradas sesgadas o la urgencia de tiempos políticos, y respecto solo de algún ámbito específico del sistema, no se hubiese promovido una gran reflexión nacional sobre la naturaleza de la educación. Un gran debate sobre la realidad global de nuestros niños y jóvenes, sus principales necesidades en los diversos ámbitos de su vida, el tipo de país que soñamos, las esperanzas de la sociedad para un desarrollo en equidad y a escala humana, y finalmente a la luz de la pluralidad y diversidad propias de una sociedad libre y democrática, el tipo de educación de calidad pertinente a lo anterior y todos los cambios necesarios.