Una de las tantas enseñanzas que pueden extraerse de la conmemoración del gran Jubileo del año 2000 es la valoración de la Historia. No podemos olvidar que el Papa lo entiende como una purificación de nuestra memoria. Pues bien, el cardenal Ratzinger, explicando el significado del Jubileo, entre otras cosas, ha señalado: “La memoria puede quedar envenenada por el odio, por la desilusión, por falsas esperanzas, por mentiras arraigadas. Entonces no puede surgir un verdadero futuro. La memoria puede ser superficial, miope; y también entonces puede sufrir mentiras o desviaciones, y una vez más el futuro queda en peligro” (Revista Humanitas, Nº 18, otoño 2000). Por todo ello es nuestra obligación estudiar el pasado, científicamente, sin anteojeras ni prejuicios, hasta llegar a tener un conocimiento más o menos cierto de él. En la medida que seamos capaces de descubrirlo en sus complejidades, de reflexionar sobre él y asumirlo, con sus luces y sombras, estaremos en condiciones de superar las dificultades y odiosidades vividas. Conociendo y asumiendo nuestros errores se está en mejores condiciones para construir una sociedad más justa. Nadie quiere que en nuestra patria se repitan los acontecimientos que se vivieron en las décadas de 1960 y 1970. A hacer realidad ese objetivo puede contribuir el conocimiento de los factores que provocaron aquellas dificultades. Y justamente con esta exposición pretendemos contribuir en alguna medida a estimular la reflexión y estudio de tales fenómenos.

El nuevo régimen de gobierno

a) Su gestación

El régimen parlamentario, que había funcionado aceptablemente hasta 1920, entró en una profunda crisis durante el gobierno de Arturo Alessandri, al extremo de generarse una parálisis de la gestión gubernativa. Desde 1891 hasta 1920 el régimen vigente, no obstante los numerosos vacíos y deficiencias que tenía, había permitido una labor legislativa abundante en numerosos campos, y no había sido obstáculo para alcanzar ciertos niveles de desarrollo en materia económica. Por cierto que también se presentaron problemas para legislar en determinados ámbitos, como el social, por ejemplo. Tampoco puede olvidarse que el régimen, debido a sus peculiaridades, a veces fue un obstáculo en la búsqueda de soluciones o paliativos a fenómenos económicos y sociales. Con todo, y como lo reconocían los propios contemporáneos, las virtudes que tenía superaban a sus defectos; y no solo podían esgrimirse a su favor algunos logros materiales alcanzados por el país, sino también debían contabilizarse a su haber los avances que se habían producido en la concreción de los ideales democráticos. El respeto a las libertades, a las opiniones contrarias y a las minorías eran actitudes muy enraizadas en la época, que no alcanzaban a ser opacadas por intervenciones electorales ilícitas y ciertos hechos de corrupción.

Ese panorama cambió bruscamente a partir de 1920. El régimen parlamentario se trabó en su funcionamiento, generándose una manifiesta esterilidad en materia gubernativa. Los proyectos de ley se empantanaron en el Congreso, mientras el Presidente y la oposición se enzarzaban en una contienda que no hacía más que desprestigiar a la clase política y al régimen de gobierno. Lo cierto es que el ambicioso programa presidencial que había esgrimido Alessandri al inicio de su gestión quedó en el papel, al extremo de que en 1924 ninguno de sus puntos había podido hacerse realidad. A esas alturas, el país vivía una aguda parálisis, con manifestaciones en todos los ámbitos, pero que tenía como detonante el mal funcionamiento del régimen de gobierno. El problema de fondo era que el parlamentarismo criollo correspondía a una creación híbrida, que, a diferencia del parlamentarismo clásico, carecía de algunos instrumentos para evitar los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. El régimen chileno no distinguía con claridad entre jefe de Estado y jefe de gobierno; tampoco contemplaba la disolución del Congreso y, lo más grave, entregaba facultades políticas idénticas a las dos ramas del Congreso, que además se renovaban de manera diferente. La clave del parlamentarismo clásico está en el hecho de que el gobierno siempre representa a la mayoría del Congreso. Pues bien, en Chile esa situación en la práctica no se daba, pues el gobierno, por lo general, respondía a la mayoría de una de las Cámaras y no de las dos al mismo tiempo.

Esa peculiaridad del régimen chileno planteaba un obstáculo serio para la gobernabilidad. Sin embargo, hasta 1920 el sistema, aunque con dificultades, pudo funcionar, debido a que la clase política, incluidos los presidentes, estuvo consciente de que para gobernar se requería transar, negociar, llegar a acuerdos. Comprendió que el régimen estaba pensado para respetar a las minorías, para buscar el consenso. El problema se planteó cuando Alessandri, con un criterio diferente, quiso imponer su programa y sus puntos de vista, sin transar con la oposición. Ahí fue cuando el sistema se trabó, porque la minoría tenía las herramientas constitucionales para obstaculizar la labor del Presidente.

La guerrilla política entre gobierno y oposición terminó por desprestigiar a los partidos, a los políticos y al régimen. Los militares, cuando intervinieron en 1924, estaban convencidos de que existía una corrupción generalizada y que no se solucionaban los problemas nacionales porque no había autoridad. A juicio de ellos, la causa de esos males estaba en el régimen de gobierno. Como lo señalan en el “Manifiesto del 11 de septiembre de 1924”, la solución pasaba por un proceso de regeneración y por la elaboración de un nuevo texto constitucional.

En esa propuesta los militares revolucionarios coincidieron con el derrocado Presidente, que atribuyó el fracaso de su gestión a la falta de atribuciones del Ejecutivo. Alessandri, encabezando ahora un gobierno de facto, con el apoyo militar, le impuso al país una nueva Constitución. Esas circunstancias fueron las que permitieron que el proyecto de Alessandri se concretara, a pesar de la oposición de la gran mayoría de los partidos políticos, que defendían un parlamentarismo depurado de sus deficiencias. Cabe hacer notar que la disposición de los militares respecto de la reforma del régimen de gobierno fue determinante para que se impusiera el cambio. De hecho, manifestaron públicamente que no estarían dispuestos a aceptar la vuelta del régimen parlamentario. Un plebiscito, realizado sin ninguna garantía para los sectores opositores y con una abstención superior al 50 por ciento de los electores, vino a sancionar al nuevo régimen.

b) Sus disposiciones

En la medida que Alessandri consideraba como responsable del desgobierno a la falta de atribuciones del Presidente de la República, se optó por otorgarle a este amplísimas facultades, que terminaron por establecer un presidencialismo exacerbado. Ninguna Constitución de la época entregaba al Ejecutivo tal cúmulo de atribuciones. Así, podía nombrar y remover a voluntad a los ministros de Estado; algo similar acontecía con los nom-bramientos de los miembros del Poder Judicial, con los agentes diplomáticos y con los mandos de las fuerzas armadas (en los dos últimos casos debía proceder con acuerdo del Senado); también disponía de facultades para otorgar jubilaciones, para recaudar las rentas públicas, conceder personerías jurídicas, para indultar, para conducir las relaciones internacionales, y para declarar estados de asamblea y de sitio. A diferencia de lo que acontecía en el presidencialismo clásico, en la Constitución de 1925 no se contempló una precisa separación de poderes. En ese aspecto cabe señalar que al Ejecutivo se le otorgaron también amplias atribuciones en materia legislativa. De hecho concurría a la formación de las leyes presentando proyectos; fijando las urgencias, es decir, determinando las prioridades en materia legislativa; convocando al Congreso a sesiones extraordinarias y determinándolo a conocer solo las materias que él fijara; y, por último, utilizando el derecho a veto respecto a los proyectos aprobados por el Congreso. Al Presidente le bastaba con tener un tercio más uno de los votos en cualquiera de las ramas del Congreso para impedir la aprobación de un proyecto contrario a sus ideas. Por otra parte, cabe hacer notar que la declaración de estado de sitio implicaba una suspención de las garantías constitucionales, por lo que el poder del Presidente se veía sustancialmente incrementado en esas circunstancias. A ello se agregó el otorgamiento por el Congreso de facultades extraordinarias, que la Constitución no contemplaba, pero que la práctica política impuso.

Por cierto, junto con entregarse esas atribuciones al Presidente, al Congreso se le restaban varias de las que tenía. Por ejemplo, se suprimieron las leyes periódicas, salvo la de presupuestos, cuyo proyecto debía necesariamente estar aprobado en una fecha determinada y de no serlo regía el proyecto del Ejecutivo. También se eliminaron los votos de censura y la responsabilidad política de los gabinetes.

Para la mayoría de la clase política de la época, la Constitución de 1925 establecía una verdadera dictadura del Presidente de la República; por lo mismo trató de impedir su aplicación argumentando, entre otras razones, su origen antidemocrático. Con todo, después de los graves trastornos que experimentó el país entre 1930 y 1932, terminaron por aceptar transitoriamente su vigencia en el entendido de que podía ser un útil instrumento, en esas circunstancias, para terminar con la anarquía.

c) Sus limitaciones

El régimen presidencial, dadas sus características estructurales, no contemplaba soluciones institucionales a los conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. En la medida que el primero tenía una generación independiente del segundo, no se producía ninguna dependencia entre ellos y cada cual mantenía un desarrollo autónomo. Las dificultades se planteaban cuando el Ejecutivo no disponía de mayoría en el Congreso. En esos casos, la acción del gobierno se veía dificultada y podía llegar a darse un conflicto de no fácil salida. Solo un cambio sustancial en unas elecciones generales de parlamentarios podría salvar el problema o en su defecto debería esperarse al cumplimiento del período presidencial. No se puede olvidar que el Presidente no tenía facultad para disolver el Congreso y este no podía cambiar al gobierno con un voto de desconfianza. Solo le cabía intentar una destitución del Presidente de la República mediante una acusación constitucional, pero para ello requería de quorum calificado, es decir, de los dos tercios de los senadores en ejercicio.

En el régimen chileno las cosas se complicaban porque la elección del Presidente de la República no se hacía coincidir con la del Congreso, lo que obstaculizaba la conformación de una mayoría de la misma tendencia política de aquel. Para más dificultades, la renovación del Congreso no se realizaba de manera uniforme, pues el Senado lo hacía parcialmente cada cuatro años. El resultado era que casi nunca coincidían las mayorías políticas de ambas Cámaras. En consecuencia, lo normal fue que el Presidente de la República estuviese en minoría en una de las ramas del Congreso, cuando no en las dos. Si ese fenómeno lo relacionamos con el hecho de que el régimen de gobierno no contemplaba una salida constitucional expedita, tenemos los elementos básicos para una crisis inmanejable.

Los constitucionalistas de 1925 pensaron que podía estimularse la configuración de amplias mayorías parlamentarias para un mandatario, entregándole al Congreso Pleno el derecho de elegir al Presidente de entre los candidatos que hubiesen obtenido las dos más altas mayorías relativas. Con todo, en la práctica ese objetivo no se cumplió, porque el Congreso perdió la libertad para elegir a quien hubiese sacado la segunda mayoría. Llegó a considerarse que al Congreso solo le cabía ratificar a quien había obtenido la primera mayoría relativa. Una determinación distinta habría sido considerada ilegítima y políticamente impracticable. Por lo mismo, los Presidentes minoritarios hicieron muy poco por formalizar acuerdos políticos con partidos opositores a su candidatura.

Pero la configuración de mayorías también se vio dificultada por la fragmentación de los partidos, que hizo casi imposible la existencia de un partido poderoso que controlara el Congreso. La colectividad con mayor representación parlamentaria fue durante muchos años el Partido Radical, que llegó a tener alrededor del 20 por ciento del electorado. La única excepción en ese panorama fue el Partido Demócrata Cristiano, que en la década del 60 tuvo entre el 42 y el 30 por ciento de la votación nacional, que no obstante le resultó insuficiente para disponer de mayoría en ambas Cámaras.

En suma, entre 1938 y 1973 casi todos los gobiernos son de minoría. Solo Gabriel González y Jorge Alessandri contaron con mayoría en las dos Cámaras en determinados momentos. Los demás presidentes estuvieron en minoría en una y otra Cámara, con la excepción de Frei Montalva, que solo lo estuvo en el Senado.

A la fragmentación partidista que se produce a comienzos de la década de 1930, hay que agregar los cambios que experimenta el sistema de partidos por esos mismos años. Durante la época parlamentaria las diferencias entre los partidos no eran muy significativas. Salvo en los aspectos doctrinarios, que tenían poca significación en ese momento, en todas las demás materias había grandes coincidencias entre los partidos, incluidos el Conservador y el Radical. El gran cambio se va a producir después de la caída de Ibáñez, con el desarrollo de los partidos marxistas. El Partido Comunista se había constituido en 1922, pero hasta 1935 dispuso de una fuerza electoral muy reducida, que no le permitía jugar un papel significativo al interior de la institucionalidad democrática. De hecho, desde 1928, por propia decisión, no participaba de aquella y aparecía empeñado en destruirla. Sin embargo, a partir de 1935 modificó su estrategia y optó por integrarse al juego democrático con una propuesta a favor de la revolución democrático-burguesa y en contra del fascismo. Esa reorientación le permitió transformarse en pocos años en un partido de masas. Por otra parte, en 1933 nacía el Partido Socialista de Chile de la fusión de una serie de pequeños grupos partidistas identificados con el ideario socialista. Este partido, en su declaración de principios, se definió como marxista y revolucionario. Con todo, en la práctica también optó por integrarse al sistema democrático, lo que le rindió importantes dividendos electorales, al extremo de transformarse ya en 1937 en la cuarta fuerza política.

La aparición y desarrollo de esos partidos modificó completamente el sistema, pues vinieron a ocupar uno de los extremos de él, generando un desplazamiento de todos los demás partidos. El Radical quedó en el centro del sistema y el Liberal se corrió hacia el otro extremo junto al Conservador. Pero, además, se produjo una profunda polarización, por el distanciamiento existente entre los partidos extremos. Los partidos de izquierda no tenían nada en común con los de la derecha y trataban de reemplazar el capitalismo y la democracia burguesa, que aquellos defendían. En consecuencia, aparecieron en la vida política chilena las izquierdas y las derechas en el sentido moderno del término, con el agravante, que no se daba en otras partes, de inscribirse en un contexto de extrema polarización, que implicaba un serio peligro para la estabilidad del régimen.

Funcionamiento del nuevo régimen

a) Fase de transición: 1932-1938

El nuevo régimen de gobierno, en la práctica, no entró en vigencia hasta 1932. Con anterioridad, durante el gobierno de Emiliano Figueroa, se hizo caso omiso de la Constitución de 1925 y de hecho el país continuó bajo el régimen parlamentario. Más tarde, Ibáñez tampoco hizo mucho por poner en vigencia el nuevo régimen. Al gobernar de manera personalista y desconocer las facultades y autonomías de los otros poderes, el marco institucional desempeñó un papel secundario con respecto a la figura del Presidente, que concentró en sus manos casi todo el poder.

Solo con Alessandri la nueva Constitución entró en vigencia, aunque lo hizo con ciertas restricciones. Estas fueron producto de la obsesión anticonspirativa del Primer Mandatario, que lo llevó con frecuencia a tomar medidas ilegales e incluso inconstitucionales para asegurar la estabilidad del gobierno. Además, hay que considerar que Alessandri dispuso durante todo su mandato de mayoría en ambas ramas del Congreso, con lo cual no solo estuvo libre de conflictos de poderes, sino que logró obtener facultades extraordinarias en diversas oportunidades, incrementando de ese modo notablemente sus atribuciones. A tal extremo llegó el poder de que dispuso, ya sea de manera legal o abusiva, que la oposición consideró a su gobierno como una dictadura.

b) Los radicales y la estabilidad del régimen

El régimen de gobierno, por las características que poseía, facilitaba la generación de conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo y, dada la polarización del sistema de partidos, las disputas podían haber producido un quiebre institucional. Sin embargo, esa situación no se produjo debido al papel estabilizador que desempeñó el Partido Radical. Su comportamiento como centro político fue clave para impedir que la extrema polarización desem-bocara en la crisis del régimen.

El Partido Radical se comportó con un gran pragmatismo, por lo que siempre estuvo dispuesto a formar alianzas o a negociar con cualquier colectividad, sin que importara mayormente el factor ideológico. Es evidente que en esta época el partido tendió a inclinarse hacia posturas de izquierda; sin embargo, eso no le impidió negociar y llegar a acuerdos con la derecha. Esta actitud de los radicales hizo posible el entendimiento entre los partidos, a pesar de la distancia ideológica que existía entre ellos. Por cierto que la estabilidad también fue posible en la medida en que la izquierda, salvo sectores minoritarios, optó por aceptar el juego democrático y participar de él, abandonando las propuestas revolucionarias.

Por otra parte, la derecha siempre dispuso de suficiente representación parlamentaria como para obligar o predisponer a sus adversarios a negociar. E incluso cuando perdió la mayoría en el Congreso, un sector de ella se manejó con suficiente habilidad y pragmatismo como para seguir siendo necesaria para los gobiernos de turno. También hay que considerar la moderación con que en general se comportaron los presidentes radicales, que rara vez tomaron medidas que resultaran un ataque a principios y estructuras fundamentales para la derecha. Al respecto puede mencionarse el tema agrícola, que resultaba muy sensible para aquellos partidos y que los gobiernos abordaron sin extremismos, a despecho de algunos círculos de izquierda. Todavía más, podemos afirmar que, en virtud de una negociación, Pedro Aguirre Cerda se comprometió a mantener el statu quo en el campo si la derecha aprobaba la creación de la CORFO, que iba en contra de las ideas económicas que defendía. En suma, al comportarse de esa manera el Partido Radical fue capaz de articular el sistema y evitó su quiebre al relacionar los extremos.

c) El desgaste del régimen

Durante los gobiernos radicales, el país experimentó un desarrollo importante en diversos ámbitos. El más significativo en el campo económico fue sin duda el referente al crecimiento industrial; y en materias sociales hay que destacar el protagonismo que alcanzaron los grupos medios, tanto en las esferas de gobierno como en la administración y en los servicios. Esa preponderancia de los sectores medios está asociada también a un fuerte incremento de la educación estatal.

Sin embargo, esos aspectos positivos no pueden ocultar una serie de problemas que se generaron en esos años. Desde ya, el modelo de desarrollo económico aplicado no respondió a las expectativas, pues mientras la industria tenía tasas de crecimiento importantes, los otros sectores productivos, salvo los servicios, se comportaban de manera muy deficiente. Esto es especialmente válido para el comercio exterior y la agricultura. Además, la inflación alcanzaba niveles desconocidos en la historia del país. En el fondo, todos esos trastornos constituían el costo que se pagaba por la manera como se llevaba adelante el proceso de industrialización en que se habían empeñado las autoridades.

Lógicamente tales resultados generaron una gran frustración de carácter social, que se vio incrementada por el desequilibrio entre las expectativas que crearon los partidos y los logros alcanzados. Solo los grupos de trabajadores con significación electoral y con mayor poder de negociación fueron capaces de obtener beneficios que les permitían defenderse de la inflación y ganar espacios en la lucha por poseer una mayor participación de la renta nacional. Empero, esas prácticas dieron origen a nuevas e irritantes desigualdades, que se sumaron a las que ya existían. Así por ejemplo, los empleados lograron una serie de beneficios en materia de remuneraciones que los mantuvieron a resguardo de la inflación, a diferencia de lo acontecido con la inmensa mayoría de los obreros y los campesinos. En Chile se estableció el sueldo mínimo varios años antes que el salario mínimo. Se idearon sistemas previsionales diferenciados y discriminatorios para empleados y obreros, lo que también se hizo con las asignaciones familiares. No puede dejar de recordarse el sistema inverosímil de pensiones, con diferencias injustas y privilegios abusivos, como las famosas jubilaciones con perseguidora, el retiro a los 18 años de servicio y la acumulación de jubilaciones en una sola persona.

Buena parte de esos problemas se relacionan con el funcionamiento del régimen de gobierno y con el comportamiento de los partidos, sobre todo del que actuaba como eje de las combinaciones de gobierno, el Partido Radical. Debe tenerse presente que el Ejecutivo estuvo regularmente en minoría en ambas, o cuando menos en una, de las ramas del Congreso. Esa situación lo obligaba a entrar en negociaciones y a transar, por lo que muchas veces terminaba cediendo a las presiones de partidos y grupos. En definitiva, los gobiernos con frecuencia tuvieron que enfrentar mayorías adversas en el Congreso, lo que limitaba su capacidad de gestión.

Con todo, posiblemente más grave que ese factor, a la hora de explicar las dificultades institucionales que se produjeron, fue el comportamiento de los partidos de gobierno, en general, y de los radicales en particular. En relación con ese punto, hay un fenómeno que llama la atención si se hace un seguimiento en el largo plazo a la opinión de los Presidentes de la República respecto del funcionamiento del régimen de gobierno. Todos ellos, sin excepción, desde Pedro Aguirre Cerda en adelante se muestran críticos con respecto a él y lo que más destacan son las dificultades que tienen para gobernar. Señalan de manera reiterada que carecen de suficientes atribuciones para llevar adelante sus programas y terminan siempre por presentar proyectos de reforma constitucional que buscaban incrementar las atribuciones del Presidente de la República. Juan Antonio Ríos tuvo éxito en ese aspecto y logró la aprobación de una reforma que aumentaba las atribuciones del Primer mandatario al entregarle la exclusividad en determinadas iniciativas legales. Los demás presidentes no tuvieron la misma suerte; sus iniciativas se frustraron y terminaron por responsabilizar a esas carencias de los malos resultados obtenidos en la gestión gubernativa.

Lo que llama la atención es que, como lo hemos expresado, la Constitución de 1925 entregaba a los Presidentes amplísimas facultades que lo erigían en una autoridad con un poder casi sin contrapeso. En contrapartida, ¿eso implica que los Presidentes estaban mintiendo al decir que carecían de atribuciones para poder gobernar? No, de ninguna manera. Ellos hacían referencia a una situación real que los afectaba, pues efectivamente tenían dificultades para ejercer su autoridad. Sin embargo, la cuestión no estaba en la falta de atribuciones constitucionales y la solución tampoco pasaba por aumentar las facultades del Presidente. Los problemas muchas veces se originaban en la oposición que controlaba la mayoría de alguna de las ramas del Congreso; pero, sobre todo, los grandes responsables de la falta de gobierno fueron los partidos oficialistas, especialmente los que actuaban como ejes de la combinación gubernativa. En ese sentido el papel del Partido Radical primero y a continuación del Demócrata Cristiano y el Socialista fue determinante. Estos partidos trataron de imponerles a sus correligionarios Presidentes la orientación que debían darles a los gobiernos, de marcarles las pautas de acción y de conformarles los gabinetes. Lo interesante del caso es que, contra la voluntad del Presidente, con frecuencia lograron hacer predominar sus criterios; y en aquellos casos en que el Mandatario estimó inaceptables las exigencias de sus partidarios por lo general se produjo un conflicto de proporciones que terminó por entorpecer la labor del Presidente. A tal extremo llegó la situación en algunos casos que el partido oficialista terminó actuando en la práctica como una colectividad opositora. Esto es lo que aconteció en diversas oportunidades con el Partido Radical, el que llevó su postura a tal extremo durante el gobierno de Aguirre Cerda, que este se mostró dispuesto a renunciar a su cargo. No podemos olvidar que tanto Frei Montalva como Allende encontraron los mayores obstáculos en sus respectivos partidos.

Viendo ese comportamiento de los partidos se entiende por qué ellos terminaron por aceptar el régimen de gobierno establecido en la Constitución de 1925. En el fondo, a través de la utilización de dos fórmulas, como eran el pase y la orden de partido, las colectividades lograron imponer sus condiciones a los Presidentes, obligándolos a actuar según su criterio, en una especie de reedición de lo que había sido el régimen parlamentario.

La desintegración del régimen

a) Modificaciones en el centro político

Los pobres resultados alcanzados por los gobiernos radicales, unido al desprestigio en que cayó el partido eje por las eviden-cias de corrupción de que dio muestras, terminaron por afectar electoralmente al radicalismo. Algo similar ocurrió con el partido que en un momento apareció como el que iba a capitalizar aquel descontento, el Agrario Laborista. En esas circunstancias surgió con mucha fuerza el Partido Demócrata Cristiano, que será el que finalmente logre beneficiarse del descontento social de la masa electoral que votaba mayoritariamente por los radicales, agrarios y partidos de derecha. Estos últimos también habían experimentado un desprestigio a la vez que tendían a perder el control de la votación campesina. Lo cierto es que la Democracia Cristiana terminó por desplazar a los radicales y ocupar su espacio, es decir, el centro político en el sistema de partidos.

El problema fue que la DC llegó con una propuesta novedosa y diferente. Quiso diferenciarse del radicalismo, al que acusó de ser un partido sin principios al que solo le interesaba el poder para obtener prebendas. La Democracia Cristiana sería en cambio un partido de principios, que no los transaría bajo ningún concepto. Por lo mismo rechazaba toda posibilidad de acuerdos y negociaciones con los adversarios. Paralelamente, defendía un programa que iba a tratar de impulsar sin transacciones y que se caracterizaría por su acentuado reformismo y por ser muy crítico de las posturas de Derecha. Ni por un millón de votos se cambiaría una coma de ese programa, como lo expresó el candidato presidencial Frei Montalva en 1964. De cara al electorado se negó a desempeñar el papel de centro político y de manera expresa hizo gala de izquierdismo. Se planteó como la alternativa ante la izquierda marxista, a la que le quitaba sus banderas de lucha. La Democracia Cristiana se planteaba sola contra el mundo en esta cruzada por el Chile nuevo.

b) La reorientación de la izquierda

Coincidiendo con el surgimiento y desarrollo de la DC y con el estallido de la revolución cubana, la izquierda chilena experimentó una modificación significativa en su orientación política.

De hecho fue evolucionando hacia posiciones cada vez más revolucionarias, al tiempo que aumentaba su desconfianza respecto del sistema democrático y de la vía electoral como medio para alcanzar el poder. Ese fenómeno afectó de manera especial al Partido Socialista, que terminó por comprometerse públicamente con la vía armada, la cual, a su juicio, sería el único medio que permitiría alcanzar el poder total. Por su parte, el Partido Comunista, aunque tenía un discurso político moderado y en forma pública defendía la vía pacífica, lo cierto es que se comportaba con bastante ambigüedad porque no desautorizaba las tendencias violentistas de sus aliados e insistía en que, dependiendo de las circunstancias, podía modificar la estrategia. Aún más, organizaba grupos de choque paramilitares, que respondían a una propuesta de carácter revolucionario. Paralelamente, desde los principales partidos de izquierda se desprendían algunos sectores que adop-taban de manera abierta y en la acción práctica la vía violenta. Este es el caso del MIR y de otros movimientos como Espartaco y la Vanguardia Organizada del Pueblo.

Esos cambios en la estrategia de la izquierda están asociados a los fracasos electorales que había experimentado en las presidenciales de 1958 y 1964. A ese factor se agrega la gran influencia ejercida en el sector por la revolución cubana. Esta demostró a los socialistas y a otros grupos violentistas que el cambio revolucionario era posible en pueblos como los de la América Latina que no habían tenido una revolución burguesa y que carecían de un proletariado cuantitativamente importante. Con todo, ese extremismo también se explica en relación con la Democracia Cristiana. Este partido, al definirse como de izquierda y ofrecer un programa de reformas estructurales profundas y revolucionarias, polarizó aún más el sistema de partidos. Al tratar de ganarle a la izquierda sus banderas de lucha, empujó a los partidos de esa tendencia a posiciones más extremistas. Socialistas y comunistas, para diferenciarse de la DC, terminaron por acentuar sus posturas revolucionarias.

c) El quiebre final

Por otra parte, en el extremo opuesto, la derecha también se fue radicalizando debido a que no solo vio cómo la Democracia Cristiana le quitaba su clientela electoral, sino que además la atropellaba, despreciaba y responsabilizaba injustamente del atraso nacional, amén de que impulsaba la destrucción de las estructuras agrarias tradicionales. La derecha, impotente, fue desarrollando un profundo rencor. Incluso, pequeños grupos, identificados con posturas nacionalistas, despreciaron el sistema democrático y optaron por defender mediante la violencia lo que consideraban sus principios y derechos vulnerados, como fue el caso del Movimiento Patria y Libertad que se constituyó después de la derrota de 1970. En definitiva, la Democracia Cristiana, con su reformismo extremo, con su negativa a la formación de alianzas y con un cierto mesianismo, no cumplió el papel que cabía esperar de un centro político. De hecho se negó a comportarse como tal, generando una situación explosiva al acentuar la polarización tradicional del sistema de partidos.

En un ambiente marcado por la frustración de amplios sectores, desencantados cada vez más por el desequilibrio entre los logros y las expectativas estimuladas demagógicamente; en un escenario en que el diálogo, los acuerdos y las transacciones eran despreciados, al tiempo que la ideologización condicionaba la toma de decisiones y la violencia no solo se justificaba, sino que se practicaba abiertamente como método político, el régimen de gobierno no estaba en condiciones de resistir. Más cuando la Unidad Popular, que carecía de mayoría en el Congreso, trató de imponer una serie de reformas que buscaban establecer el socialismo por la simple vía administrativa, saltándose al Legislativo, al tiempo que sus partidarios recurrían a la violencia sistemática para profundizar y hacer irreversibles los cambios. Ante la ilegalidad con que actuaba el gobierno, a la Democracia Cristiana no le quedaron más alternativas que tratar de convencerlo para que aceptara las determinaciones de la mayoría del Parlamento o, de no ser escuchada, aliarse con la derecha en defensa de los principios democráticos. Dado el proceso de confrontación exacerbada que se vivía desde el gobierno de Frei Montalva, la negociación, que implicaba el sometimiento de la Unidad Popular al Estado de Derecho, estaba condenada al fracaso. Por lo mismo, la DC no tuvo otra salida que constituir con la derecha un frente común para defender la democracia. Pero eso implicó la desaparición de todo atisbo de centro político. La polarización llevó finalmente a la sociedad y a los partidos a dividirse en dos posturas irreconciliables que, atrincheradas una en el Congreso y la otra en el Ejecutivo, terminaron por anularse y por paralizar el país. En esas circunstancias, el régimen de gobierno no ofrecía ninguna salida factible de carácter institucional. La rigidez del régimen establecido en la Constitución de 1925 hizo inviable la solución de la crisis y esta terminó por arrastrarlo y destruirlo ante la mirada atónita del mundo internacional, que tenía la falsa imagen de que Chile era una democracia ejemplar.

Sobre el autor

Doctor en Historia, Universidad de Sevilla, 1981. Ex decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor titular del Instituto de Historia. Miembro de número de la Academia Chilena de la Historia del Instituto de Chile. Miembro de los comités editoriales de la revista “Historia”, del “Boletín de la Academia Chilena de la Historia” y de la “Revista de Indias”. Sus áreas de interés en la disciplina giran en torno a la historia de la religiosidad y de la Iglesia en el virreinato peruano y a la historia política y económica de Chile en el siglo XX. Entre sus obras se cuentan: Misticismo e Inquisición en el virreinato peruano, Estudios sobre mentalidad religiosa: santidad, falsa santidad y posesiones demoníacas en Perú y Chile (Siglos XVI y XVII) y Pasión por el servicio - Julio Philippi Izquierdo. Es miembro del Comité Editorial de revista Humanitas desde su fundación.

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