El parlamentario y catedrático español en visita a la Universidad Católica, planteó a Humanitas sus objeciones a la distinción que algunos pretenden hacer entre moral privada y moral pública. Pues el simple hecho de distinguir o de trazar una frontera respecto de lo que serían exigencias morales que se quieren relegar a lo privado y exigencias jurídicas que están vigentes en lo público, es ya una operación moral que exige un concepto del hombre y de la sociedad.

Humanitas IV, 1996, págs. 593 - 596

Pregunta: ¿Es Posible una Democracia para “No Convencidos?”

Invitado por la Universidad Católica, el Profesor Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada y desde hace 10 años diputado por esa región (es actualmente presidente de la Comisión de Educación del Partido Popular), desplegó una amplia actividad en los días que estuvo en Chile. Así, entre otras cosas dictó un seminario en La Serena, más de uno en Santiago y presentó su libro “¿Tiene razón el Derecho?”, acto realizado en el Centro de Extensión de esta Universidad y en el que tomaron parte el decano de Filosofía, Juan de Dios Vial Larraín y el profesor de la Facultad de Derecho y senador, Hernán Larraín Fernández.

En conversación con HUMANITAS, el Profesor Ollero habló de su libro y se refirió a otros temas de actualidad en materia de Derecho y Filosofía.

-En el Congreso de los Diputados hay una colección de monografías que ha editado bastante trabajos, casi siempre tesis doctorales o estudios hechos por personas del mundo académico, no del mundo político, que han ido abordando cuestiones relacionadas con la actividad parlamentaria y el derecho parlamentario. A lo mejor por primera vez es un diputado el que publica en esa serie... En el fondo hay en este libro un resumen de lo que es mi modo de ver los problemas fundamentales de la filosofía del derecho. Es un libro que empecé a escribir hace 20 años, que en parte por mi actividad política se ha demorado, lo cual me permitió también madurarlo más.

-¿En su coloquio con los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica usted ha abordado el tema de la eutanasia. ¿Por qué ese tema? ¿Qué enfoque le ha dado?

-Simplemente he aprovechado este tema de manera pedagógica, procurando analizar una serie de tópicos que suelen condicionar el enfoque de otros temas de ese mismo tipo. Por ejemplo, el de que el derecho debe desvincularse de las convicciones morales; o que el derecho, al contrario de las convicciones morales -que según tales tópicos deberían permanecer en el ámbito de lo privado- teniendo que moverse en el terreno público, debería ser neutral. La idea, asimismo, de que las convicciones morales, especialmente las más polémicas en la vida social, deberían ser obviadas por el Estado. También el tópico de que el Estado debería inhibirse ante las polémicas de orden moral y dejar que los ciudadanos las resuelvan por su cuenta. En fin, la idea de que no se pueden imponer convicciones a los demás en una sociedad pluralista, etc., etc. Creo recordar que analicé hasta ocho de estos tópicos, todos bastante en boga. Luego intenté ir respondiendo a esos planteamientos, recordando en primer lugar algo muy elemental, como es que el derecho, y muy especialmente el derecho penal, inevitablemente siempre impone convicciones. Y que lo que hay que discutir es qué convicciones va a imponer y cómo vamos a determinarlas; porque indudablemente es incompatible la idea de un derecho penal, capaz por ejemplo de privar de la libertad, con la idea de que cada cual en la vida social haga aquello que le parezca. Y es imposible, por otro lado, definir el ámbito de lo público, sin asumir la defensa de determinados valores éticos.

“Si convertimos la vida pública en algo que debe ser fruto de un consenso, lo que no tiene sentido a la vez es intentar expulsar del debate a los convencidos, a los que tienen convicciones, por entender que son un peligro. Pues al final tendríamos un debate democrático hecho gracias a la discusión entre personas que no están convencidas de lo que dicen... Yo creo que eso es totalmente absurdo”.

En este aspecto yo señalo un asunto que creo que es la clave del sofisma en cuestión: el simple hecho de distinguir o de trazar una frontera respecto de lo que serían exigencias morales que se quieren relegar a lo privado, y exigencias jurídicas que están vigentes en lo público, es ya una operación moral. En efecto, sólo partiendo de un concepto del hombre y de la sociedad puedo determinar, por ejemplo, si la vida del no nacido hay que privatizarla y remitirla al ámbito del arbitrio individual, o si debe considerársela —y así hace la jurisprudencia española— como un bien que tiene que ser protegido por el Estado, incluso sin que nadie reclame su protección. Porque se entiende que es un bien de tal interés público, que debe ser amparado aunque nadie defienda su protección o aunque no se admita que el no nacido sea titular de derechos.

En cualquier caso, trazar la frontera entre lo público y lo privado ya es una operación moral; afirmar que algo tiene relevancia pública o que puede privatizarse, es un juicio moral. Por lo tanto, es imposible expulsar del ámbito de lo jurídico a los elementos morales.

-Es un tema recurrente en el debate académico, cultural y político chileno la dualidad entre objetividad ética y consenso social...

-Yo creo que hay ahí un dilema artificial, fruto de cierta pereza intelectual. Porque hay una identificación absolutamente caprichosa, según la cual se suele considerar a todos aquellos que pretenden poder aportar planteamientos éticos con fundamentos sólidos, como fundamentalistas.

Una cuestión es cuál sea el fundamento de la propuesta que uno formula y otra cuáles van a ser los procedimientos a través de los que se piensa llevarlos a la realidad social. Esa idea de que aquel que defiende los contenidos éticos objetivos es una amenaza para el pluralismo social, porque acabará imponiéndolos por la fuerza, es absolutamente caprichosa.

Yo creo que la primera exigencia del derecho natural es el respeto de la dignidad humana y de ese respeto de la dignidad humana deriva la exigencia ética del consenso. Yo debo respetar a los demás y por eso mismo yo debo buscar siempre en lo público, que los contenidos éticos objetivos, que entiendo que son verdaderos, estén presentes, convenciendo a los demás. La verdad debe imponerse por la fuerza de sus razones y no por la violencia.

Pero además, desde otro punto de vista, el intento de basar en el simple consenso la solución de los problemas es falso, porque a su vez el consenso necesita un fundamento. Si yo quiero consensuar con los demás, debo saber que no es el consenso el que funda la ética. En realidad, el consenso tiene a su vez un fundamento ético: los que tienen el consenso como pauta obligada de comportamiento social, lo sepan ellos o no, son iusnaturalistas, porque solo partiendo de la idea iusnaturalista de la dignidad humana —esa idea es de un iusnaturalista o no lo es— es que se podría convertir el consenso en un procedimiento social obligado.

-Parece éste un terreno plagado de contradicciones...

-Efectivamente. Por un lado hay como una resistencia o incluso un temor ante posturas especialmente sólidas, fundadas, acompañado esto de una búsqueda de "pensamiento débil". Mas a la vez se suscitan perplejidades, pues si convertimos la vida pública en algo que debe ser fruto de un consenso, lo que no tiene sentido a la vez es intentar expulsar del debate a los convencidos, a los que tienen convicciones, por entender que son un peligro. Pues al final tendríamos un debate democrático hecho gracias a la discusión entre personas que no están convencidas de lo que dicen... Yo creo que eso es totalmente absurdo.

-¿Cómo aprecia este orden de problemas en las discusiones políticas actualmente en curso en Europa?

-Se ve a menudo, que a la hora de la verdad los presuntos “no convencidos” acaban siendo más fundamentalistas que los otros y menos capaces de buscar una comunicación. Problemas, por ejemplo, como los que hoy se plantean en el ámbito europeo, de multiculturalismos, de sociedades que tradicionalmente han sido unitarias y han tenido un consenso sociológico muy sólido, pero que se ven ahora obligadas a convivir con minorías procedentes de culturas, religiones y ámbitos intelectuales muy distintos, a la hora de la verdad ponen en evidencia que sólo con un planteamiento de fondo metafísico es posible llegar a una situación realmente multicultural.

-¿Cómo así...?

-Porque sino admitimos que hay una realidad humana que es común a los hombres de todo tipo de culturas, las propias culturales se nos convierten en elementos herméticos, absolutamente imposibles de comunicación mutua, porque no tienen nada en común. Si por el contrario, entendemos que las culturas son diversas expresiones de una realidad objetiva común, entonces estamos en condiciones de buscar un elemento que permita la comunicación.

En tal sentido algún autor español ha dicho, y con razón, que el pluralismo no es multicultural. El pluralismo occidental es una cultura que con frecuencia se muestra incapaz de comunicarse con otras, precisamente en la medida en la que ha renunciado a profundizar en ese sustrato que es el que puede servir como elemento común de diálogo.

-¿Y qué decir de si acaso “tiene razón el derecho”...?

-Nuestra época se autodefine por su conciencia de haber entrado en la postmodernidad. Parece como si las coordenadas modernas, que ayudaban a entender el pasado, hubieran saltado en pedazos y convirtieran nuestro presente en algo ininteligible. También puede ser que este saboreo masoquista de una crisis sin precedentes pueda tener más de narcisismo estético que de realidad...

Ahora bien, en la medida en que esta civilización se considera a sí misma en crisis, el papel de la ciencia está sometido a una implacable revisión. Esta crítica de la ciencia, que indaga sus propias responsabilidades respecto a la crisis actual, alimenta una fuente de interrogantes, que no dejará de afectar a los problemas jurídicos.

El saber jurídico, tras aspirar durante siglos a verse finalmente reconocido como científico, espera con impaciencia el veredicto.

Jaime Antúnez Aldunate