La  Comisión UC para el Análisis de la Crisis de la Iglesia Católica entregó su informe final en septiembre pasado, fruto de casi dos años de trabajo de análisis y comprensión de la crisis de los abusos por la que ha atravesado la Iglesia Católica en Chile [1].

El documento fue elaborado por 16 académicos de la Universidad Católica, pertenecientes a las facultades de Ciencias Sociales, Comunicaciones, Derecho, Filosofía, Historia, Geografía y Ciencia Política y Teología*. Fue preparado sobre la base de distintas fuentes de información que incluyen dovante proporcionada por expertos, víctimas y testigos involucrados en este problema.

El objetivo general del documento fue determinar la naturaleza y alcance del abuso sexual cometido contra personas menores de edad por parte de sacerdotes católicos que ejercieron su ministerio en Chile. También se examinaron las deficiencias que ha presentado la respuesta institucional que ha ofrecido la Iglesia Católica chilena a estos abusos y se procuró identificar el daño e impacto que ha provocado esta crisis en las víctimas, en las comunidades eclesiales y en la sociedad chilena en general. A cumentación de acceso público (incluidas causas terminadas en tribunales civiles), entrevistas, encuestas de opinión pública, bibliografía especializada e información relecontinuación, presentamos las palabras iniciales del rector de la UC, Ignacio Sánchez, que presiden el Documento, el Resumen Ejecutivo y algunos de los principales resultados obtenidos. 

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Palabras del rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el seminario de presentación de los resultados

por Ignacio Sánchez D. [2]

Los abusos sexuales contra  menores son crímenes que afectan al grupo más inocente, vulnerable y querido de una sociedad: sus niños y jóvenes. Estos crímenes indignan, especialmente cuando los hechos son responsabilidad de sacerdotes, que a través del ejercicio de su ministerio abusan de niños inocentes. Luego de la visita del Papa Francisco a Chile, se hizo muy patente la crisis que han provocado los abusos contra menores de edad en nuestra Iglesia Católica y también en la sociedad chilena.

A continuación de la visita de Francisco a Chile, la misión especial encabezada por monseñor Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu vino especialmente a escuchar a las víctimas de abuso sexual y de poder, cometidos al interior de nuestra Iglesia. La situación que se presentó en el país sin duda desencadenó la cumbre en el Vaticano sobre abusos sexuales de febrero del año pasado, “La protección de los menores en la Iglesia”, en la que el Papa expresó “vamos a tomar todas las medidas para que tales crímenes no se repitan. Que la Iglesia vuelva a ser creíble y confiable”.

Posteriormente a esa visita a nues- tro país, resonaron las palabras del Papa en su Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, de mayo de 2018, en que reconoció la responsabilidad de todos aquellos que formamos parte de la comunidad eclesial. Dijo el Papa: “no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas”. Por esto, desde el primer semestre del año 2018 –en que se desarrollaron diferentes instancias de investigación al interior de la Iglesia–, y considerando la reunión que sostuvimos con los enviados a cargo de la comisión de la Santa Sede, la Universidad Católica inició diversas acciones para aportar en el análisis de esta muy compleja situación que aqueja a la Iglesia.

Así, a partir de agosto de ese año, desde la Rectoría de la Universidad, en forma pública anunciamos que se crearía una comisión interdisciplinaria independiente y autónoma con el fin de analizar la crisis de la Iglesia producto de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra menores de edad en un ambiente eclesial en nuestro país. En la misma carta de hace dos años que hemos citado, el Papa Francisco define el momento de la Iglesia chilena como un “tiempo de escucha y discernimiento para llegar a las raíces que permitieron que tales atrocidades se produjeran y perpetuasen, y poder así encontrar soluciones al escándalo de los abusos, no solo con estrategias meramente de contención –imprescindibles pero insuficientes–, sino con todas las medidas necesarias para poder asumir el problema en su complejidad”.

Los objetivos del estudio que se presenta en este documento han sido por una parte poder informar acerca del alcance y naturaleza de estos abusos; aclarar las dificultades que ha habido para ofrecer una res- puesta eficaz y oportuna; y estimar el daño e impacto que todo esto ha provocado en las víctimas y, por supuesto, también, en el corazón de todos los católicos y de la sociedad chilena en su totalidad.

Este mandato del Papa, en que nos hizo un fuerte llamado a las universidades –a ser “una Iglesia en salida” para aportar a la cons- trucción del Reino de Dios–, ha sido recogido íntegramente por esta Comisión, presidida por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor Eduardo Valenzuela, e integrada por un número de dieciséis profesores y profesoras de un gran número de facultades de la UC, que ha dedicado muchas sesiones a realizar su trabajo. Se ha realizado asimismo un especial esfuerzo de discernimiento, es decir, de apreciación y evaluación del material recogido a la luz de los requerimientos de verdad que alientan la vida académica en nuestra universidad y del sentido de justicia y de caridad que se encuentra en el corazón de todos nosotros.

En este trabajo se ha procurado estudiar y llegar a las raíces más profundas de lo acontecido y, de esta manera, observar el problema en el mérito de la complejidad que posee una crisis de la envergadura que hemos conocido y que sufrimos como parte del pueblo de Dios. Por las razones expuestas, los resultados del documento que ha preparado la Comisión se ofrecen como un aporte para el entendimiento del contexto, las causas y el alcance de esta crisis.

Así también, este documento ha querido poner en el centro a las víctimas de estos abusos, analizando la problemática con toda la reserva, prudencia y reserva que se merece, manteniendo la confidencialidad de los casos. En una reciente conversación muy interesante y cercana con los miembros de la Comisión, los profesores y profesoras destacan lo significativo e impactante de los testimonios recogidos de las víctimas, hecho que marcó el desarrollo de la Comisión. Debemos insistir una vez más que todos nuestros esfuerzos deben orientarse a apoyar y cuidar a las víctimas de estos condenables abusos, los que pueden volver a repetirse al interior de nuestra Iglesia.

Como ocurre en todo trabajo académico de investigación, hay aspectos que pueden haber sido realizados de mejor forma y que es necesario explicitar. Dentro de ellos se destaca el estudio de mayores y más amplias fuentes de información; el análisis de forma más cuantitativa de los casos; una mayor recepción de opiniones desde el interior de la Iglesia en relación con el estudio de los casos descritos; poder expresar con más detalle los avances que se han producido en el estudio y prevención de los casos al interior de la Conferencia Episcopal, así como en conjunto con cada diócesis del país, entre otros aspectos a considerar. Así, este trabajo debe ser complementado con otros estudios nacionales e internacionales en el tema. De particular importancia es la realidad de la Iglesia latinoamericana, en la cual no hay información validada del tipo de la que presenta este informe.

Estamos convencidos de la necesidad imperiosa de comprender los hechos que han sucedido. Estos, en especial tratándose de lo que ha ocurrido al interior de la Iglesia, no pueden ser soslayados por la Universidad Católica, en especial por su compromiso con la dignidad de la persona, su misión de evangelización de la cultura y su rol público, que ha quedado demostrado de manera cada vez más patente en este tiempo de pandemia.

Se ha descrito en los análisis de expertos que la situación que hemos conocido en Chile tiene varias causas, lo que por supuesto se debe comprender a la luz de que las acciones son individuales y que cada persona adulta debe responder por sus actos. Dentro de las causas y factores condicionantes existentes en Chile, se incluyen el clasismo y elitismo de nuestra sociedad, que tendería a la formación de relaciones jerárquicas entre las personas. Por otra parte, el marcado clericalismo en Latinoamérica estaría en la base de estas relaciones asimétricas y piramidales. Los aspectos anteriores se suman en varias ocasiones a un mal manejo de los casos, y en palabras del Papa Francisco, a la creación de “una cultura del encubrimiento” que los detenía, y enlentecía y que tanto daño ha traído a las víctimas, a los creyentes y a la sociedad.

Es importante recalcar que este estudio ha sido realizado por la Universidad Católica con una completa independencia institucional y se ofrece a la Iglesia, a la sociedad chilena y latinoamericana como un informe con fundamento científico para aportar al estudio y al discernimiento del fenómeno de los abusos sexuales de menores al interior de la Iglesia.

Para finalizar esta presentación, quisiera invitar a leer este documento con apertura de espíritu, mente y corazón para poder apreciarlo como un testimonio del deber académico de la Universidad Católica de buscar de manera sincera la verdad con respeto por los hechos y sentida compasión por todo el sufrimiento de las víctimas, las que siempre deben estar en el centro de nuestra preocupación. Este trabajo es un análisis muy necesario para enfrentar un nuevo futuro con esperanza. 

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Resumen Ejecutivo por Comisión UC para el análisis de la crisis de la Iglesia Católica en Chile

El  objetivo  general  de  este  documento  de  análisis ha  sido determinar la naturaleza y alcance del abuso sexual contra personas menores de edad por parte de sacerdotes católicos que ejercieron su ministerio en Chile. Asimismo, se ha pretendido examinar las deficiencias que ha presentado la respuesta institucional que ha ofrecido la Iglesia Católica chilena a estos abusos e identificar el daño e impacto que ha provocado esta crisis en las víctimas, en las comunidades eclesiales y en la sociedad chilena en general. Este documento ha sido elaborado por una Comisión multidisciplinaria de dieciséis académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile convocados por su rector, Ignacio Sánchez, que ha recogido la exhortación del Papa Francisco para que cada cual contribuya con lo suyo en la comprensión  y superación de esta crisis. Esta Comisión ha tenido a la vista distintas fuentes de información que incluyen documentación de acceso público (incluidas causas terminadas en  tribunales civiles), entrevistas, encuestas de opinión pública, bibliografía especializada e información relevante proporcionada por expertos, víctimas y testigos involucrados en este problema. Toda la documentación ha sido proporcionada por fuentes independientes de la Iglesia. Debe considerarse que este informe se circunscribe al abuso sacerdotal de personas menores de edad, dejando fuera de su alcance otras formas de abuso cometido por sacerdotes contra jóvenes y adultos, especialmente mujeres, incluyendo religiosas, comprometidas en diversas y delicadas situaciones de dependencia y vulnerabilidad que se producen en un contexto religioso, y que forman parte también de la crisis de abuso sexual que afecta a la Iglesia Católica. El abuso sexual de personas menores de edad es un fenómeno universal que se hunde muy atrás en el tiempo, y que compromete a la sociedad en su conjunto, sobre todo a las fami- lias, donde se produce por lejos la mayor parte de estos eventos. No obstante, el abuso cometido por sacerdotes –que por lo general recayó sobre menores de edad religiosamente comprometidos y que utilizó los recursos que ofrecía la propia religión– constituye un escándalo sin parangón, puesto que proviene de aquellos a quienes se ha confiado de manera especial la tarea de anunciar, representar y dar testimonio de Cristo Jesús en la vida del mundo y sobre los cuales la sociedad deposita una especial credibilidad y autoridad moral.

Este Informe ha constatado que la magnitud y naturaleza del abuso sacerdotal de menores de edad es muy parecido al que se registra en otros informes semejantes (especialmente John Jay College of Criminal Justice Report, 2004; Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Australia, 2017; Ryan and Murphy Report, Dublin, 2009, y Mannheim & Heidelberg University Report, 2018). La cifra de denuncias de abuso sexual de sacerdotes contra personas menores, de 3,7% en el caso de Chile (sobre una estimación del total de sacerdotes existentes en un período de cincuenta años, 1970-2020), se encuentra en el rango inferior de las estimaciones norteamericana, irlandesa, alemana y australiana. A pesar de que el primer caso chileno apareció hace veinte años, una proporción muy considerable de las denuncias se ha producido en los últimos dos años, de manera que debe considerarse la cifra chilena como una estimación inicial. También el caso chileno sobresale porque han faltado instancias eclesiásticas de denuncias formalmente respaldadas por la Iglesia (salvo algunas iniciativas recientes en este aspecto), comisiones de investigación sea de origen eclesiástico o civil (con la excepción de la breve misión Scicluna ordenada por el Papa Francisco que originó la oleada reciente de denuncias) e iniciativas eficaces de apoyo y protección de víctimas que en todas partes han alentado el develamiento de estos abusos.

Respecto de las características del abuso sacerdotal, este Informe encuentra hechos bien establecidos, como la concentración de víctimas en adolescentes de sexo masculino, y una variabilidad muy amplia en duración e intensidad de los casos. Algo característico ha sido la prevalencia del abuso en un ambiente de atención religiosa y cuidado pastoral, casi siempre ejercido sobre personas conocidas, antecedido por un proceso de acercamiento y planificación y que aprovecha largamente la confianza que las víctimas y sus familias depositan en el sacerdote. Otros aspectos característicos han sido la edad tardía en que se comete el primer delito entre los sacerdotes que han abusado de menores de edad (lo que sugiere que el abuso está específicamente asociado con determinadas condiciones de la vida propiamente sacerdotal); ausencia de delitos distintos del abuso entre los sacerdotes involucrados y la baja prevalencia de tendencias parafílicas como la pedofilia (que se asocian directamente con tras- tornos psicopatológicos y psiquiátricos). Este Informe establece que los sacerdotes más involucrados han sido aquellos formados en la década del ochenta en adelante (en contraste con otros informes que revelan mayor proporción en décadas anteriores). Se ha obtenido alguna evidencia respecto de la importancia de factores situacionales en el abuso sacerdotal, principalmente el contacto frecuente con menores de edad sin un debido control y supervisión. Pero también factores institucionales como aquellos que estimulan una confianza ciega hacia los sacerdotes, y que les permiten ejercer una autoridad sin ningún contrapeso, o las dificultades en la formación y acompañamiento de una vida célibe, han sido objeto de consideración y análisis en esta investigación acerca de los factores determinantes.

Este Informe constata que, a pesar de que la crisis de los abusos sacerdotales se manifiesta de modo semejante en varias partes del mundo, la respuesta institucional de la Iglesia chilena ha estado muy por debajo de aquella que han ofrecido otras iglesias enfrentadas a una encrucijada similar. En todas las iglesias hubo renuencia para acreditar las denuncias recibidas, falta de celo en las investigaciones realizadas y una fuerte tendencia a restar importancia a los delitos y evitar sanciones contra sacerdotes. Pero muchas de ellas reaccionaron más temprano y con mayor decisión. La norma que se ha recomendado es aquella que hace exigible la prevención y alerta respecto de comportamientos abusivos en todos los ambientes eclesiales que tienen contacto frecuente con personas menores de edad; la que obliga a investigar escrupulosamente cualquier denuncia y prote- ge el testimonio de las víctimas; y, finalmente, la que sanciona drásticamente los abusos cometidos, incluso con la dimisión del estado clerical. Dentro de esta norma se incluye asimismo la provisión de reparaciones efectivas hacia las víctimas, que deberían abarcar también a la comunidad eclesial donde sucedieron los hechos, y a los fieles en general. La Iglesia chilena ha actuado muy por debajo de esta norma requerida, algo que compromete a las autoridades religiosas –incluyendo también a las autoridades de congregaciones, no solamente a las diocesanas– y que alcanza a sacerdotes, e incluso a los propios fieles, en grados diversos de responsabilidad y dolo. En este Informe se constata que los esfuerzos de prevención se han limitado a recomendaciones que carecen de fuerza obligatoria y se han centrado más en los sacerdotes que en la protección efectiva de las comunidades. Solo recientemente se han hecho intentos por esta- blecer organismos o comisiones públicamente acreditadas y con profesionales externos para realizar denuncias bajo condiciones adecuadas de protección y seguridad para las víctimas. Casi en todo ha prevalecido la autoridad discrecional de obispos y superiores, el espíritu de cuerpo del clero y de las congregaciones religiosas y la pasividad completa de los laicos. Debe reconocerse el papel constructivo y eficaz que han jugado los medios de comunicación y el periodismo investigativo en el develamiento de los abusos. Por el contrario, los tribunales de justicia (sobre todo por la regla de prescripción –recientemente modificada–, y en parte por las exigencias de prueba rendida que rige para estos delitos) apenas han jugado un papel significativo, al tiempo que la legislación que protege a las víctimas y sanciona esta clase de crímenes ha avanzado muy lentamente en nuestro país. La Iglesia ha realizado esfuerzos de prevención que deben ser reconocidos y actualmente se puede contar con una investigación acuciosa de las denuncias recibidas, pero los procedimientos de reparación y cuidado de víctimas siguen siendo extremadamente débiles, cuando no inexistentes. Una respuesta tan insatisfactoria obliga a preguntarse sobre la forma de organización y utilización del poder dentro de la Iglesia, e invita a estimular el sacerdocio común de los fieles y la corresponsabilidad de laicos, laicas y religiosas en la conducción de los asuntos eclesiásticos tanto como a renovar el sacerdocio ministerial, en un esfuerzo complementario que permita recomponer una comunidad religiosa gravemente quebrantada.

Actualmente se sabe que el encubrimiento ha sido un problema tan grave como el abuso mismo. La angustia y el dolor de las víctimas se ha replicado en la indiferencia con que se han recibido sus reclamos y en la negligencia de las autoridades religiosas para darles cumplimiento. Al dolor de las víctimas, se suma que los abusos sexuales han desencadenado una crisis institucional de incalculables consecuencias, cuya expresión inmediata ha sido la desazón de los creyentes, el desánimo de las comunidades religiosas (algunas de las cuales han perdido a sus pastores, e incluso a sus fundadores) y la desconfianza generalizada hacia las autoridades religiosas. La caída de la confianza en la Iglesia chilena y en sus sacerdotes no tiene parangón en nuestra historia y probablemente sea más estrepitosa porque provenía de umbrales de consideración y aprecio social muy elevados. Tampoco se tiene registros de que una Iglesia nacional haya perdido tantos miembros en el curso de las últimas décadas (al menos un tercio de los católicos chilenos han dejado de identificarse como tales en el lapso de veinte años), hasta el punto de que las últimas mediciones muestran que el catolicismo ha dejado de ser la religión de la mayoría de los chilenos. El impacto de la crisis alcanza muy gravemente a la credibilidad de la mediación sacerdotal de la vida religiosa con detrimentos muy importantes en la asistencia al templo y en la recepción de los sacramentos, sobre todo eucarístico y penitencial. Solo la labor educativa y las obras sociales de la Iglesia han sido preservadas del descrédito, aunque también han sufrido mermas en su imagen, donaciones y adhesión. Este Informe ofrece indicaciones que permiten sostener que el impacto de la crisis en la conciencia y la vida religiosa de los fieles ha sido uno de los más graves que se registran en cualquier parte del mundo, aunque es preciso señalar que las cifras de detrimento coinciden con un proceso de secularización de masas que en otros países se había completado antes de que apareciera la crisis reciente. La concomitancia de ambos procesos en el caso chileno podría aligerar comparaciones demasiado desfavorables. La Iglesia ha hecho poco para comprender y asumir este impacto, en gran medida porque no ha reconocido la responsabilidad propia que le cabe en la crisis que ella misma ha ocasionado. La Iglesia es una comunidad de sentido que ha sido herida en el corazón de aquello que profesa. El origen de esa herida ha sido el descuido persistente de las víctimas, de manera que cualquier enmienda exige procesos efectivos de reconocimiento, justicia y reparación. En este esfuerzo por restablecer el sentido y la confianza en su misión, la Iglesia requiere de un hondo proceso de conversión con acciones y gestos de alto vuelo, compromisos y propósitos de enmienda públicamente expuestos y una actitud decidida de renovación religiosa y pastoral. El carácter institucional de la crisis de la Iglesia exige asimismo establecer mecanismos eclesiales de control de la responsabilidad de sus autori- dades, transparencia comunicativa y rendición jurídica de cuentas que propendan hacia un ejercicio más justo y ponderado de la autoridad eclesiástica en todos los niveles en que se desenvuelve. 

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Algunos resultados que deja el informe 

Por Redacción Humanitas [3]

I. Naturaleza y alcance del abuso sexual de menores de edad en la Iglesia chilena

Del total de clérigos comprometidos, 167 de ellos son sacerdotes, lo que representa el 3,6% de los presbíteros del país [4] que tienen o tuvieron tal condición en el período considerado en el estudio. Esta cifra es similar a la que se encuentra en los informes encargados por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos (4,0%) y por la Conferencia Episcopal Alemana (4,4%) para períodos de tiempo semejantes. De estos casos, 91% se encuentran bajo investigación y/o han sido objeto de sentencia en tribunales eclesiásticos o civiles.

Respecto de los casos identificados, la cantidad promedio de víctimas conocidas por ofensor es 2,3 (muy similar a la que reportan los informes internacionales, 2,5 para el caso alemán y 2,4 para el estadounidense). Adicionalmente, se ha calculado que cerca de la mitad de los ofensores tendría una sola víctima conocida (48%), una cifra que en los informes internacionales es algo mayor (alrededor de 56% en Alemania y Estados Unidos), mientras que el 39% tiene entre 2 y 4 víctimas conocidas y los casos con más de cinco víctimas alcanzan un 13%. En una proporción importante de casos el abuso sacerdotal de menores puede ser un delito de una sola víctima (incluso abusada en una única y sola oportunidad) y desaparecer en el tiempo, aunque también se registran algunos casos de abuso múltiple y reiterado.

Respecto de aquellos casos que contienen información sobre la edad de las víctimas al momento del primer abuso reportado (170 casos), los resultados indican que el 58% de las víctimas eran mayores de 13 años, una cifra un tanto menor a la que entrega el informe alemán (67%) y norteamericano (60%). A su vez, en Chile las víctimas menores de 10 años representan un 13%, cifra que también está por debajo de aquellas que entregan los informes de otros países (Estados Unidos 23% y Alemania 18%).

Finalmente, considerando los casos con información sobre el sexo de la víctima (133) se obtuvo que 73% de los afectados son menores de sexo masculino, una cifra que está en consonancia con los informes internacionales anteriormente citados (64% en Alemania, 81% en Estados Unidos, 74% en Australia).

El abuso se realiza sobre personas cercanas, conocidas y frecuentadas por el sacerdote, y rara vez se reportan abusos sobre menores desconocidos o que se hayan producido en el primer contacto. Según los datos del informe: 37% eran alumnos de colegio, 13% acólitos, 13% feligreses, 10% internos en hogar, 8% en acompañamiento espiritual y 5% seminaristas.

La estructura de oportunidad del abuso sacerdotal reconoce cuatro elementos principales: a) el contacto frecuente y personal que pueden sostener determinados sacerdotes con menores de edad, b) una enorme capacidad de suscitar confianza, incluso en los guardianes y cuidadores principales del menor; c) una completa falta de supervisión y control entre sacerdotes que se relacionan con menores de edad, y d) por último, una cierta convicción de que las eventuales faltas o delitos no serían severamente juzgadas en la institución. El Informe la importancia de estos factores situacionales como determinantes. No existe evidencia, en cambio, que indique que el celibato y la homosexualidad predispongan hacia el abuso sexual de menores.

La edad tardía en que se comete el primer delito, entre los 31 y 40 años (33%) y entre 41 y 50 años (36%) sugiere que el abuso está asociado con condiciones específicas de la vida sacerdotal.

II Respuesta de la Iglesia frente a la crisis

Desde que se tiene registro, las denuncias anuales por abusos sexuales de parte de miembros de la Iglesia se mantuvieron siempre bajas y constantes, haciendo parecer el fenómeno de abuso como un fenómeno de casos aislados y excepcionales. En 2011 se presentaron varias denuncias (12 ante la justicia canónica y 9 ante la justicia ordinaria) impulsadas por el caso Karadima, pero el año 2018, luego de la visita del Papa Francisco a Chile y la posterior misión especial encabezada por monseñor Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu, destinada a escuchar a diversas víctimas de abuso sexual y de poder al interior de la Iglesia, se originó una serie de denuncias de abuso que no tienen parangón en nuestra historia, llevando a las víctimas a presentarse en grandes cantidades, tal como ha sucedido en otros países.

Patrón de respuesta institucional:

• Mantener los hechos en el marco del secreto eclesiástico, de modo de evitar escándalo en el ejercicio del ministerio sacerdotal.
• Mantener cualquier denuncia en el marco de la jurisdicción del tribunal eclesiástico y evitar el contacto con los tribunales civiles.
• Evitar sanciones disciplinarias contra el sacerdote involucrado, de donde provienen procedimientos como el traslado o enviarlo a un cargo administrativo.

Limitaciones de la gestión penal de los casos de abuso:

• Dificultad para acreditar la veracidad de las denuncias recibidas que implicaron el rechazo a investigar o la tardanza en hacerlo.
• Asignación discrecional de investigadores y/o promotores de justicia, que en todos los casos conocidos fueron sacerdotes.
• Falta de condiciones adecuadas para realizar y acoger a los denunciantes, y casi nunca se ofreció ayuda terapéutica y consejería jurídica para las víctimas, las que quedaron expuestas a procesos conocidos de revictimización e incertidumbre judicial.
• Uso amplio y excesivo del secreto de oficio para los casos denunciados, que fueron sustraídos al conocimiento y escrutinio público.
• Sanciones moderadas hasta recientemente y en el último tiempo renuncia anticipada al ministerio sacerdotal o dimisión sumaria del estado clerical que suspenden los procedimientos.
• Falta de atención y acompañamiento de comunidades eclesiales afectadas por casos de abuso sacerdotal.

Limitaciones de la gestión institucional de los casos de abuso:

• Ausencia de una investigación comprensiva y sistemática del abuso sacerdotal que ofre- ciera un informe equivalente a los que han producido otras Conferencias Episcopales.
• Ausencia de una comisión acreditada y/o canales institucionales confiables para recibir denuncias en condiciones adecuadas.
• Han faltado acciones reparatorias decisivas y eficaces respecto de las víctimas.
• Dificultades para reconocer el daño que se ha provocado en la experiencia de fe de todos los creyentes.
• Dificultad para reconocer causales institucionales en el conjunto del problema y elaborar propósitos de renovación en este plano

Respecto de la justicia civil: La antigua regla de prescripción hizo prácticamente inviable la per- secución penal del delito de abuso sexual cometido por sacerdotes, al tiempo que las exigencias de prueba que rigen desalentaron todas las posibilidades de intervención judicial, pero ha habido avances últimamente (imprescriptibilidad del abuso sexual de personas menores).

Respecto de los medios: Los medios han terminado investigando y develando la verdad en varios casos de abuso que permanecieron ocultos durante mucho tiempo y han prestado una contribución efectiva en las pretensiones de verdad de muchas víctimas, aunque debe admitirse que los medios son incapaces de controlar el derecho a la presunción de inocencia que posee toda persona.

Avances obtenidos en el último tiempo:

• Se han elaborado protocolos y manuales preventivos de gran precisión y detalle, con varias ediciones en el tiempo, aunque debe insistirse en la necesidad de velar por su cumplimiento.
• Recientemente se han dictado normas de integridad para el ejercicio de cualquier servicio en la Iglesia que cumplen enteramente con lo que se recomienda.
• Han mejorado las condiciones de recepción de denuncias con canales más abiertos y precisos y personas especializadas en atención de víctimas.
• Avances en la gestión penal de los casos con investigación más acuciosa y mayor transparencia.
• Un catálogo más estricto de sanciones que utiliza la dimisión del estado clerical para casos de delicta graviora.

III  Impacto y daño provocado por la crisis

Daño profundo y persistente del abuso sexual de personas menores: El abuso sexual de menores de edad es una agresión psicológica cuyos efectos son englobados en el concepto de trauma psíquico. Entre sus síntomas destacan trastornos como depresión y ansiedad, baja autoestima, trastornos disociativos y de personalidad y problemas graves de salud física.

En la revisión de estudios más reciente y exhaustiva (Hailes et al. en The Lancet Psychiatric, 2019) se han encontrado resultados consistentes para daños psiquiátricos de largo plazo provocados por abuso infantil en dos trastornos específicos, estrés postraumático y esquizofrenia y en un trastorno psicosocial, abuso de sustancias.

El abuso daña el desarrollo de relaciones interpersonales, la capacidad para confiar en los demás y para establecer relaciones de pareja duraderas.

El abuso provoca asimismo daño espiritual severo en las víctimas (McLaughlin, 1994), pérdida irrepa- rable de confianza en la Iglesia y en el clero (Rossetti, 1995), sentimientos de haber recibido un trato injusto de parte de Dios (Bland, M.J., 2002) y angustia espiritual intensa (Eater & Mullaney, 2000).

El impacto institucional de la crisis de abusos sexuales en la Iglesia chilena ha sido, sobre todo, una crisis de credibilidad. La confianza de la que gozaba históricamente la Iglesia Católica comenzó a presentar variaciones que pueden atribuirse directamente a escándalos puntuales de abusos sexuales. Esto nos hace afirmar que la crisis ha tenido un impacto institucional directo manifestado en la confianza.

El origen de la crisis de confianza no proviene solamente de los abusos sacerdotales, sino también de las limitaciones en la respuesta institucional de la Iglesia. En la correlación entre escándalo y confianza se constata que afecta de forma determinante la opinión que la sociedad tiene sobre la forma en que la Iglesia ha actuado frente a la crisis. Así, un amplio porcentaje considera que la Iglesia Católica ha ocultado o protegido a los sacerdotes acusados de abusos sexuales (89%) y que ha hecho poco por las víctimas (86%).

La identificación católica no se ha movido con la misma intensidad que la confianza en la Iglesia; sin embargo, esta, que venía descendiendo mucho antes de que apareciera el primer caso bullado de abuso sacerdotal, se acelera tras el develamiento del caso Karadima (2010) y tras el caso Poblete (2019), lo que indica que la crisis de los abusos ha estado repercutiendo decisivamente en la deserción religiosa del catolicismo chileno. El año 2019 puede ser marcado como el año en que los católicos dejaron de ser mayoría en Chile.

El efecto de la pérdida de adherentes a la religión católica no se ha visto reemplazado por el aumento de adherentes de otras confesiones, sino más bien por un aumento en el porcentaje de quienes declaran no pertenecer a ninguna religión o ser ateos, especialmente entre los jóvenes, en que esta categoría alcanza al 41% en 18-24 años y 49% en 25-34 años.

Los datos de la serie Bicentenario muestran una caída en 10 años a la mitad de los católicos que asisten a la misa dominical, desde 19% a 9% en el último decenio (2006-2018). Los datos sobre mediación sacramental–proporcionados por los registros oficiales de las diferentes diócesis– son igualmente declinantes; por ejemplo, el número de bautismos por 1.000 católicos ha descendido de 11,4 en 2001 a 6,3 en 2016 (última cifra disponible proporcionada por el Anuario Estadístico de la Iglesia, edición 2018).

Crisis de la mediación sacerdotal

Los indicadores de asistencia a la misa dominical, participación sacramental y adhesión a la religión institucionalizada han continuado deteriorándose durante este período; en contraste, las expresiones religiosas con menos mediación sacerdotal, como la piedad de santuario, se mantienen intactas.

La crisis de la mediación sacramental de la experiencia religiosa puede mostrarse también en el plano de las actitudes. La proporción de católicos que recurrirían a un sacerdote por ayuda o consejo enfrentado a una crisis personal ha tenido una fuerte disminución entre 2011 y 2019. Así también la proporción que considera que los sacerdotes ya no retienen la capacidad de perdonar los pecados en nombre de Dios ha aumentado vertiginosamente hasta alcanzar un máximo histórico de 72% entre católicos, e incluso 50% entre católicos observantes (Bicentenario, 2019). La práctica de la confesión ha quedado muy disminuida incluso en el núcleo vivo de los católicos observantes.

Otro aspecto que puede imputarse a la reciente crisis de los abusos sacerdotales es la apertura del sacerdocio hacia mujeres y laicos. Dos tercios de los católicos considera hoy en día plausible ordenar mujeres como sacerdotes (apenas algo menos en católicos observantes) y una cifra similar considera que debe admitirse la posibilidad de que los sacerdotes se casen (70% entre católicos y 67% entre observantes).

IV  Lecciones y aprendizajes

Compromiso con las víctimas:

• Reconocer y gestionar el abuso sexual de menores como un delito inexcusable, y considerar diversas formas de presión psicológica y espiritual ejercidas en contexto pastoral que deben ser objeto de atención y reproche.
• Proteger el testimonio y denuncias de las víctimas ofreciendo los recursos necesarios para consejería legal y asistencia terapéutica.
• Establecer una colaboración sincera y estrecha con los tribunales civiles en todos los casos constitutivos de delito.
• Prestar apoyo material y acompañamiento espiritual en el proceso de recuperación de todas las víctimas en las condiciones que sean determinadas por personas autorizadas.
• Considerar a las personas inmediatamente involucradas, miembros de la familia, parroquias y comunidades religiosas como parte del problema
• Asumir que el abuso sacerdotal ha conmovido y perturbado la experiencia de fe de todos, algo que debe ser asumido a través de un llamado sincero y profundo a la renovación de la vida eclesial

Compromiso con la verdad:

• Ninguna denuncia de abuso debe ser ocultada, desestimada o ignorada, aun cuando no reúna inmediatamente todos los elementos de verosimilitud necesarios.
• Examinar el alcance y las causas de estos abusos, disponiendo el uso público de la información que se tenga y alentando el conocimiento y la comprensión del problema.
• Examinar cada caso en toda su amplitud, evitando cerrar las investigaciones demasiado prontamente o impidiendo que se conozcan los hechos que han dado pie a denuncias, acusaciones y condenas.
• Abogamos por un acto amplio y profundo de humildad a través del cual las autoridades de la Iglesia reconozcan la responsabilidad que les pueda caber en la gestión de la verdad y la administración de la justicia que les competía.
• Todas las justas recomendaciones y orientaciones que emanan de las autoridades religiosas deben tener el carácter de un compromiso exigible, de modo que nadie pueda eximirse de su cumplimiento 

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Notas

[1] La Comisión fue coordinada por el decanodela Facultad de Ciencias Sociales, Eduardo Valenzuela, y contó con la participación de los académicos Jaime Alcalde (Facultad de Derecho), Ingrid Bachmann (Facultad de Comunicaciones), Fernando Berríos (Facultad de Teología), Daniela Bolívar (Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Trabajo Social), Pamela Chávez (Facultad de Filosofía), Thana de Campos (Escuela de Gobierno), Patricio Dussaillant (Facultad de Comunicaciones), Pilar Larroulet (Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Sociología), Claudia Leal (Facultad de Teología), Rodrigo Mardones(Facultadde Historia, Geografíay Ciencia Política, Instituto de Ciencia Política), Germán Morales (Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Psicología), Enrique Muñoz (Facultad de Filosofía), Alejandro Reinoso (Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Psicología), Claudio Rolle (Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de Historia), María Elena Santibáñez (Facultad de Derecho) y Cristián Villalonga (Facultad de Derecho). Como asistentes de investigación participaron Sofía Brahm, Belén Becerra y Florencia Osorio``.

[2] Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, 3 de septiembre 2020.

[3] En base a los resultados presentados por Eduardo Valenzuela en el Seminario.

[4] Para llegar a este porcentaje, en primer lugar, debe considerarse que el total de sacerdotes activos para el período 1970-2017 se calculó con datos oficiales (Catholic-hierarchy.org, Anuario Estadístico Iglesia Chilena; Conferencia Episcopal de Chile). Para los años sin información se utilizaron proyecciones lineales. Posteriormente, para obtener el total de sacerdotes activos en el período 1970-2017, es decir, que al menos estuvieron un año activos durante el período mencionado, se consideró el número de sacerdotes activos en 1970 más el total de sacerdotes ordenados entre esos años. Obteniendo una ecuación que describe el comportamiento de la tasa de ordenación en el período de análisis a través de dos aproximaciones polinómicas, con aquella ecuación, se calcula el número de ordenaciones en los años donde no se tiene información. Adicionalmente, se estima la tasa de retiro de sacerdotes diocesanos, la cual considera renuncias y fallecimientos, esta tasa permitirá posteriormente calcular el número de ordenaciones de sacerdotes religiosos. Finalmente, y como se ha hecho en otros reportes internacionales, el total de sacerdotes que estuvieron activos en algún momento del período entre 1970 y 2017, sumado al total de ordenaciones tanto diocesanas como de congregaciones religiosas hasta 2017, da un total de 4.594, lo que representa finalmente el denominador al calcular la proporción de acusados.