El presidente Daniel Ortega ha seguido castigando cada vez más a los líderes e instituciones católicas con severas sanciones. No solo ha prohibido más de 3.000 procesiones en lo que va de 2023: recientemente las autoridades del país bloquearon las cuentas bancarias de las parroquias y diócesis católicas, citando sospechas de lavado de dinero. Además, nuevamente monjas católicas son víctimas.

- Personal de la UCA retira el Cristo crucificado de la capilla de la Universidad el 16 de agosto del 2023.

El presidente Daniel Ortega ha seguido castigando cada vez más a los líderes e instituciones católicas con severas sanciones. No solo ha prohibido más de 3.000 procesiones en lo que va de 2023: recientemente las autoridades del país bloquearon las cuentas bancarias de las parroquias y diócesis católicas, citando sospechas de lavado de dinero. Además, nuevamente monjas católicas son víctimas: hermanas de la Congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac fueron desalojadas del centro educativo que administran y sus instalaciones confiscadas por la policía.

En la antesala de estos hechos, se llevó a cabo el arresto del sacerdote Jaime Iván Montecinos Sauceda, del municipio de Sébaco, acusado por el delito político de “menoscabo a la soberanía nacional”. Y también de los sacerdotes Eugenio Rodríguez y Leonardo Guevara, de Nueva Segovia y la catedral de Estelí, respectivamente, quienes fueron trasladados a la policía para someterlos a “investigaciones”.

El último golpe fue contra la universidad de los jesuitas: a principios de agosto se incautaron las cuentas y dos semanas después el régimen confiscó el inmueble.

Nuevo desalojo y expulsión de religiosas

A fines de mayo las hermanas de la Congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac habían celebrado recientemente el trigésimo aniversario de la fundación del Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, Yalí, Jinotega en Nicaragua, cuando fueron expulsadas del Centro Educativo ahora ocupado por las fuerzas policiales. Las religiosas se encargaban de la administración del Centro San Sebastián de Yalí. Las hermanas extranjeras han sido privadas de su residencia y tienen una orden de expulsión, mientras que las nicaragüenses han sido recluidas en sus respectivos conventos.

Este es sólo uno de los muchos episodios que se han venido repitiendo en los últimos meses sobre graves abusos de los derechos humanos contra institutos religiosos, sacerdotes y religiosas.

Durante la celebración de la fiesta de Pentecostés, el 28 de mayo, el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, instó a la gente a “no tener miedo” en las situaciones difíciles. El Cardenal ha aprovechado la ocasión para invitar a vivir la esperanza que aporta la venida del Espíritu Santo ante las situaciones adversas.

Sobre el contexto que vive la Iglesia Católica en Nicaragua, y que durante el mes de mayo ha llevado a la captura de tres sacerdotes, Monseñor Brenes ha dicho también que la “Iglesia está en manos del Espíritu Santo”. El Arzobispo de Managua ha exhortado a los fieles y a todos los feligreses a no dejarse influenciar por las redes sociales que con mucha frecuencia desinforman. “Los invito a no perder la calma y a no escuchar tantas noticias, tantas publicaciones que exageran, dicen ser fuentes fiables y no lo son. Así que mantengamos la calma, sin duda el Espíritu Santo es el que guía a esta iglesia y pronto tendremos las justas respuestas”, ha dicho al término de la Eucaristía en la Catedral de Managua.

Presunto objetivo: prescripción de la Iglesia

Por esta misma fecha, fuentes eclesiales comunicaron que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a las entidades bancarias la congelación de las cuentas de las nueve diócesis del país, como parte de la embestida que el régimen mantiene contra el catolicismo.

El sábado 27 de mayo, la Policía de Nicaragua informó en un comunicado que había puesto en marcha investigaciones tras el hallazgo de “centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a la Diócesis del país” y acusó a “personas vinculadas a ellas” de cometer actos ilícitos. “El resultado de las investigaciones confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por ley congelar, así como ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en diócesis de distintos departamentos”, añade el texto.

Un abogado defensor de derechos humanos dijo a El País en condición de anonimato que los Ortega-Murillo preparan la antesala para confiscar los templos en Nicaragua, al igual que lo han hecho con otras propiedades administradas del catolicismo, como asociaciones y universidades. “Pueden hacer lo mismo que hicieron con la Cruz Roja de Nicaragua: anularla, confiscarla y pasar sus bienes a propiedad del Estado. Es decir, una iglesia a la medida de los dictadores; una que no critique, o en el peor de los casos, proscribir el ejercicio de la religión católica en el país”, dijo el jurista exiliado en Costa Rica.

Meses antes de la congelación de las cuentas bancarias de la Iglesia católica, la abogada e investigadora Martha Patricia Molina advirtió de que uno de los patrones represivos siguientes sería la confiscación de propiedades católicas. Molina informó que hasta entonces han sido confiscados siete edificios y 32 religiosas de diversas congregaciones fueron expulsadas del país. El informe de la jurista remarca que un total de 13 medios de comunicación administrados por el catolicismo han sido clausurados, 10 ONG fueron obligadas al cierre por los impedimentos legales y técnicos ocasionados por las autoridades del Ministerio de Gobernación de Nicaragua. También, otros seis proyectos sociales fueron cerrados.

Cae la UCA, universidad de los jesuitas

El control en las universidades es uno de los últimos blancos del Gobierno sandinista. Las primeras medidas fueron expulsar a cientos de estudiantes y eliminar sus registros académicos. Además, aumentó la vigilancia en los recintos públicos, a través de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), el brazo sandinista en las universidades públicas. En 2021, la pareja dio un paso más con cancelaciones y confiscaciones de universidades privadas. Desde entonces, se registran al menos 26 centros eliminados, a través del Ministerio de Gobernación y del CNEA. Esta última institución argumenta, en la mayoría de los casos, que las universidades incumplen “mínimos de calidad establecidos”. Las justificaciones para los cierres de las universidades van desde acusaciones por lavado de dinero a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), “falsear información”, no reportar sus estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros. En los últimos meses, las justificaciones son que la oferta académica es inconsistente o que no tienen infraestructura adecuada. La UCA no ha estado exenta, pero hasta ahora el régimen se había abstenido de confiscarla abiertamente.

La UCA abrió las puertas para atender a los heridos de la represión en 2018 y luego permitió expresiones estudiantiles de protesta contra el régimen. El recinto fue cuna de los estudiantes que protestaron por el incendio de la reserva de biósfera Indio Maíz y luego por la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el detonante de la actual crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. Desde entonces está bajo la mira inquisitiva del gobierno, que lleva años entrampando sus procesos de acreditación, destinación de becas, realizando auditorías inquisitivas y, a partir del 9 de agosto, congelando las cuentas bancarias del alma máter jesuita, así como la de algunos de sus más altos dirigentes.

El 2022 el exrector, José Idiáquez, y el vicerrector, Jorge Huete, fueron desterrados por las autoridades de Migración y Extranjería. A ambos les negaron la entrada a Nicaragua después de que realizaron viajes al extranjero. A la cabeza de la institución quedó el padre Rolando Enrique Alvarado López, quien es el actual rector de la UCA.

El miércoles 15 de agosto el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les abrió una causa penal por el delito político de “terrorismo”. El proceso judicial viene acompañado de la incautación de todos los bienes muebles, inmuebles y dinero del recinto privado de mayor renombre en este país centroamericano, y que se había convertido en el último reducto de libertad de pensamiento en un contexto de brutal represión.

La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús emitió un comunicado condenando el zarpazo contra su casa de estudios superiores en Nicaragua:

Esta nueva agresión gubernamental en contra de la universidad no es un hecho aislado; forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país. (…) Se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario.

En el mismo documento, la Compañía solicita al Gobierno de Nicaragua:

1. Sea inmediatamente revertida y corregida la drástica, inesperada e injusta medida adoptada por el órgano judicial.
2. Cese la creciente agresión gubernamental en contra de la Universidad y sus integrantes.
3. Se busque una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra.

Fuente: Agencia Fides, El País y Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús

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