Las autoridades de Nicaragua informaron el 18 de octubre sobre la liberación de doce sacerdotes tras alegar supuestas negociaciones con autoridades de la Santa Sede. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó al día siguiente que se había pedido a la Santa Sede que acogiera a los sacerdotes recién liberados, pero no brindó detalles sobre la negociación con el gobierno de Daniel Ortega.

Sin embargo, entre los religiosos no se encuentra el obispo Rolando Álvarez, que se niega a abandonar el país y quien fue condenado a más de 26 años de prisión por “traición a la patria” tras negarse a ser expulsado de Nicaragua hacia Estados Unidos junto a otros 222 presos políticos.

A través de un comunicado, el régimen de Daniel Ortega dijo que “este acuerdo logrado con la intercesión de altas autoridades de la Iglesia católica de Nicaragua y del Vaticano representa la voluntad y el compromiso permanentes de encontrar soluciones, en reconocimiento y aliento de tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes nicaragüenses, que somos la mayoría”.

En ocasiones anteriores, Ortega ha calificado como una "mafia” a la Iglesia católica y declarado interrumpidas las relaciones con el Vaticano.

Los sacerdotes excarcelados y enviados al Vaticano son Manuel García, José Urbina, Jaime Montesinos, Fernando Zamora, Osman Amador y Julio Norori, Cristóbal Gadea, Álvaro Toledo, José Centeno, Pastor Rodríguez, Yessner Pineda y Ramón Angulo.

Rol de los obispos

Esta situación se da en medio de un palpable descontento con respecto al rol de los obispos. En una larga carta firmada por “religiosas y religiosos en la clandestinidad de varias partes de Nicaragua”, y publicada en religiondigital.com, se denuncia la indiferencia general del episcopado del país:

Nos entristece, particularmente, la situación de indiferencia que están viviendo los obispos Álvarez y Báez, así como la docena de sacerdotes que actualmente se encuentran en las ergástulas del régimen, sin que aún ninguna voz autorizada de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) haga o diga algo en su favor.

El grupo firmante de la carta manifiesta también desconcierto con respecto al actuar del Cardenal Brenes:

También nos duele que mientras la pareja presidencial ha desatado una cacería en contra de los curas, religiosos, religiosas y fieles comprometidos con los derechos humanos de la población; el señor arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, se haya auto-otorgado un “año jubilar” para celebrar el 50 aniversario de su ordenación presbiteral.

Insisten en que “estas figuras no representan a la Iglesia que peregrina en nuestro país”, y le recuerdan a la CEN que “la Iglesia –tal y como lo enseña el Concilio Vaticano II–, es el pueblo de Dios que camina en medio de los dolores y las angustias de nuestro tiempo”:

El Dios de la vida, y Jesús de Nazaret nos llaman a una apuesta por los pobres y descartados. También por aquellos que sufren en sus carnes la violación a sus derechos más fundamentales.

Quisiéramos que, así como Rolando Álvarez y Silvio José Báez, han asumido el compromiso de acompañar al pueblo aún a riesgo y sacrificio personal, así también lo hiciera el resto del Episcopado de Nicaragua.

En paralelo a esta realidad, el 12 de diciembre se llevó a cabo en Estrasburgo la ceremonia de entrega del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2023, donde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Red EU-LAT conmemoraron el trabajo legítimo y esencial de las personas defensoras de derechos humanos nicaragüenses para contribuir a la democracia y el Estado de Derecho, en la región más violenta del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Asimismo, denunciaron que la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez de Escorcia, y Monseñor Rolando Álvarez, integrantes de una de las tres candidaturas finalistas, se encuentran sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos.

La Doctora Vilma Núñez de Escorcia y Monseñor Rolando Álvarez son símbolos de la lucha por la libertad, la restauración de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua. Ambos se encuentran en el país, en condición de apatridia, despojados de sus derechos ciudadanos y expuestos a graves violaciones a sus derechos humanos e integridad personal.

Vilma Núñez cuenta con un legado de más de 60 años de trabajo por los derechos humanos y es actualmente Secretaria General Adjunta de la FIDH y Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), una organización con más de 33 años que ha documentado, denunciado y acompañado a múltiples víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional retiró la personalidad jurídica del CENIDH, posteriormente la Policía Nacional allanó sus instalaciones y se apropió de sus equipos de trabajo, documentación y vehículos. En febrero de 2021, el régimen consumó la confiscación de las instalaciones inaugurando la casa materna Zoila Aurora Galeano.

En febrero de este año, el régimen privó a Vilma Núñez arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense, dejándola con el “país por cárcel” y violando de forma permanente sus derechos humanos.

Monseñor Rolando Álvarez es Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Secretario de la Diócesis de Estelí. Es considerado una de las voces más críticas del régimen y tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal durante el proceso de diálogo tras las masivas protestas pacíficas ocurridas en abril de 2018. Se encuentra arrestado desde agosto de 2022 por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.

En febrero de este año, el régimen de Ortega ordenó su destierro junto a otras 222 personas presas políticas; sin embargo, él se opuso y lo trasladaron al Complejo Penitenciario Jorge Navarro (La Modelo), donde está en situación de apatridia y en aislamiento total, cumpliendo una condena de 26 años por supuestos delitos considerados “traición a la patria”.

Estado de la situación

En un comunicado del 18 de diciembre, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denunció que el gobierno de Nicaragua se “desvía” cada vez más del Estado de derecho y la “impunidad es la norma” en el país.

La Alta Comisionada adjunta Nada Al-Nashif, en una actualización sobre el país, dijo que sigue “descorazonada” por la falta de medidas para impedir que se produzcan violaciones de derechos humanos y por el “continuo distanciamiento del gobierno de los derechos humanos, el Estado de derecho y otros principios democráticos fundamentales”.

Según la Oficina, el gobierno sigue persiguiendo a quienes pueden aportar una visión alternativa a la esfera pública, incluyendo a líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia católica, defensores, periodistas…, y extendiendo aún más el control político sobre la Costa Caribe de Nicaragua. En este contexto, el 3 de octubre las autoridades “cancelaron arbitrariamente” la personalidad jurídica de YATAMA, el principal partido político indígena y afrodescendiente del país.

“Cada día el país se desvía más de los derechos humanos, profundizando el sufrimiento de la gente, provocando el éxodo de la juventud y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas. Hago un llamamiento a Nicaragua para que invierta inmediatamente este rumbo e introduzca un cambio fundamental en interés de su pueblo, anclado en los derechos humanos”, apuntó Al-Nashif.

Fuentes: Vatican News, DW, religiondigital.com, Agencia Fides, News UN.org